Asesores ocultos y prevaricación

El Gobierno sigue resistiéndose a dar a conocer la identidad de los técnicos y expertos que están asesorando a Pedro Sánchez para la toma de decisiones relacionadas con la gestión del coronavirus. Ayer, y a una pregunta expresa de ABC, el Consejo de Ministros volvió ... a negarse a identificar a sus asesores, vulnerando así la legalidad vigente, que exige la publicación de sus nombres para general conocimiento de la ciudadanía. El argumento del Gobierno -que se trata de funcionarios públicos sobre los que conviene proteger su intimidad- es, más allá de ilegal, completamente absurdo. Con esa coartada podría quedar indemne cualquier abuso o, en el peor de los casos, cualquier delito que pudiera cometerse bajo el paraguas de la acción gubernamental. Además, el empecinamiento del Gobierno por esta política de ocultación para vulnerar su deber de transparencia alimenta inevitablemente la sospecha de que pueda tratarse de personas con más criterio político que técnico-sanitario, o que sean «expertos» sin trayectoria acreditada. O sencillamente, que son asesores maleables y manejados a capricho por La Moncloa, con la garantía añadida de que cualquier exceso o error quedará convenientemente encubierto. Si a eso se añade la clausura del Portal de Transparencia, el puzle de la gestión pública no puede ser más opaco y preocupante. Tanto, que en algunos aspectos parecemos más ser rehenes de un estado de excepción que de uno de alarma, porque la vulneración de garantías constitucionales se está perpetuando innecesariamente.