Entre la solidaridad y la necesidad

Pero si hay algo de lo que puede presumir la región es de su solidaridad en materia hídrica. La región «nunca» se ha opuesto a trasvasar agua al Levante siempre que el fin haya sido el abastecimiento humano, pero ha advertido que si el agua se va por el acueducto Tajo-Segura es para regar y la Comunidad también la quiere.

Castilla-La Mancha es la principal damnificada por esta infraestructura, a través de la cual se trasvasan anualmente cientos de millones de metros cúbicos que son imprescindibles para la supervivencia del río Tajo y para el desarrollo socioeconómico de la cuenca. La férrea y continuada oposición en enconado conflicto ha sido un eje prioritario de la acción del Gobierno regional y, en consecuencia, de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha.

Para solventar esta situación y acabar con las políticas trasvasistas (el próximo 30 de marzo se cumplen 40 años del primer trasvase Tajo-Segura) el Ejecutivo regional ha apostado por las desaladoras como alternativa al déficit hídrico que sufre esta zona del país. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , se ha mostrado convencido en más de una ocasión de que las plantas ya construidas en las regiones del Levante terminarán siendo «la solución definitiva» para el déficit hídrico que sufre esta zona del país y la alternativa de futuro al trasvase Tajo-Segura.

Según sus estimaciones, si se pusiera en marcha al cien por cien la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), sería innecesario tener que recurrir a los recursos hídricos de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para dar respuesta a las necesidades de agua de Murcia y Valencia. En este sentido, el líder del Ejecutivo regional se ha mostrado partidario de subvencionar el metro cúbico del agua desalinizada, situándolo al mismo nivel que el agua trasvasada, con la finalidad de que el agua del mar sea considerada una alternativa viable.

Otra de las reivindicaciones «históricas» de la Comunidad Autónoma ha sido siempre incrementar la línea mínima de agua trasvasable. Y, precisamente esta semana, el Tribunal Supremo emitía una sentencia que exigía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado, condicionando así la explotación del trasvase Tajo-Segura a las necesidades de la cuenca cedente.

El auto obliga a fijar caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas de cabecera del río- ya que no estaban establecidas en el plan hidrológico aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016.

Actualmente solo se fijaba un «caudal mínimo» de 6 metros cúbicos por segundo en el caso de Aranjuez, y de 10 metros cúbicos tanto en Toledo como en Talavera.

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer los regímenes de caudales ecológicos para el Tajo y el resto de ríos de la cuenca conforme a la legislación vigente que ha incumplido. De igual modo, la sentencia insiste en que los embalses de la cabecera del Tajo -Entrepeñas, Buendía y Bolarque- deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos. Así, es previsible que será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los pantanos de cabecera por encima de los 400 hectómetros cúbicos establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo.

Los colectivos y plataformas en defensa del río Tajo de Toledo, Talavera y de los municipios ribereños que presentaron el recurso, junto con políticos de la región, se congratularon por este fallo «histórico».