Caso espías: hoy declaran los imputados en los seguimientos a Cobo y Prada

Todo ello se produce tras la decisión de la APM de reabrir la causa, archivada en tres ocasiones , en la que se investigan los supuestos seguimientos realizados a altos cargos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Seis años después de abierta la causa judicial por el supuesto espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, la juez Carmen Valcarce ha citado a los seis imputados, además de a los cinco policías otros dos funcionarios, por presunta malversación de fondos a una audiencia preliminar, antesala de la celebración del juicio con jurado popular, informa Ep.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron entre abril y mayo de 2008. Tres guardias civiles a las órdenes de un policía nacional, todos ellos fichados supuestamente a dedo por el Gobierno de Esperanza Aguirre, siguieron varios meses durante las 24 horas, tanto en sus actividades públicas y privadas a dos políticos del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, supuestos adversarios de la presidenta autonómica en su batalla por el poder interno del partido.

Los agentes elaboraron unos partes escritos del resultado del supuesto espionaje, según la investigación basada en el posicionamiento de los teléfonos móviles de los guardias civiles y en el testimonio de uno de ellos, José Oreja Sánchez, quién confesó a la juez los hechos.

Este guardia civil declaró que había alertado al entonces consejero de Interior, Francisco Granados , de que su jefe directo, el director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón, comisario de la Policía Nacional les había ordenado hacer seguimientos ilegales a políticos.

Tanto Cobo como Prada apoyaban a Mariano Rajoy para liderar el partido, cargo al que aspiraba Aguirre en la lucha abierta por el poder desatada tras la derrota electoral del PP en las generales de 2008.

La juez ha intentado tres veces en estos seis años archivar la causa con la excusa, entre otras, de que no se podía calcular el monto de la malversación cometida por los agentes. Pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó los tres autos de archivo y ordenó seguir con el procedimiento.

La instructora ha citado a los imputados y a la acusación popular en la audiencia preliminar para que presenten las alegaciones o soliciten nuevas pruebas antes de decidir la fecha del juicio.