La Fiscalía tiene pruebas de ADN que incriminan al presunto pederasta de Ciudad Lineal

No obstante, las mismas fuentes apuntan que las acusaciones particulares y las defensas aún no disponen de dicho informe pericial y que la Fiscalía lo ha comunicado verbalmente durante la vista en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que dirige Arturo Zamarriego. A esta comparecencia ha acudido el presunto pederasta de Ciudad Linea l, después de que este magistrado haya recibido la causa de la juez María Antonia de Torres, quien se inhibió de la investigación después de que una de las víctimas de las denuncias que recayeron en el Juzgado número 2 le identificara.

El juez, al recibir la causa, ha permitido a las partes exponer su planteamientos y alegaciones en una comparecencia para determinar si se ratificaba la medida de prisión que pesa sobre él. El magistrado, después de conocer todos los planteamientos, ha comunicado a las partes que emitirá una resolución razonada en próximas fechas. De momento, el reo continúa en prisión.

La defensa de Ortiz, según las mismas fuentes, ha alegado que se han vulnerado derechos de su patrocinado y ha argumentado, por ejemplo, que las ruedas de reconocimiento no son válidas a su criterio puesto que se difundió la imagen del presunto pederasta previamente a dichos reconocimientos, por lo que la prueba no sería «pura» y las posibles víctimas estarían inducidas a reconocerle, según las mismas fuentes.

Aparte, también ha remarcado que existen dudas sobre algunas pruebas periciales, aludiendo a que en los registros realizados por la Policía podría haber entrado más personas y se podría haber contaminado el escenario. Por ello, ha reclamado que se levante la medida de prisión.

Mientras, las acusaciones particulares y la Fiscalía han reclamado que se mantenga la prisión para Ortiz, al entender que existen indicios sólidos para ello y que puede haber riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de fuga y riesgo de comisión de nuevos ilícitos.

Antonio Ortiz cumple prisión desde el pasado 26 de septiembre. La Policía le acusa de cinco delitos de agresión sexual, dos intentos de secuestro y allanamiento de morada. Según las fuentes consultadas, el juez tiene intención de imputar al presunto pederasta varios delitos de detención ilegal, agresión sexual y lesiones.

Sobre el informe de las pruebas de ADN , el letrado de una de las acusaciones particulares, Alberto Marcelino Sánchez, ha confirmado que en su intervención en la vista la Fiscalía ha esgrimido las conclusiones de ese informe confirman las pruebas realizadas en «algunas de las víctimas y en otras no».

En declaraciones a los medios, el letrado ha detallado también que él no ha tenido acceso a ese informe, que ha sido mencionado verbalmente por la Fiscalía y que confirmarían varias pruebas en ropa y en el piso de Ortiz. En este punto, fuentes jurídicas resaltan que hay restos de ADN de una de las víctimas en el domicilio .

Aparte, ha aseverado que Ortiz no ha ejercido su derecho a la palabra durante la vista y que le ha visto «muy tranquilo». Por otro lado, ha expuesto que las acusaciones particulares piden que se mantenga al presunto pederasta en prisión al entender que hay suficientes indicios que justifican la medida.

Las acusaciones particulares han defendido la medida de prisión de Ortiz y han replicado a las alegaciones expuestas por la defensa que algunas de las niñas que participaron en la prueba indicaron que no habían visto previamente su rostro. A su vez, remarcan que se confirman en esas ruedas detalles muy concretos de sus rasgos.

Ortiz ha acudido a esta comparecencia a las 10.10 horas y ha salido del juzgado sobre las 11.30 horas vestido con un chándal oscuro. Para su comparecencia, en los pasillos del juzgado se han habilitado dos biombos y había presencia de miembros de la Policía Municipal para supervisar la seguridad.

Las mismas fuentes jurídicas indican que el juez ha comunicado que trasladará a las partes su resolución sobre la prisión que pesa sobre Ortiz lo antes posible y recalcan que no pesa sobre el magistrado la limitación de emitir su fallo en 72 horas dados que el presunto pederasta tiene ya condición de reo y no de detenido.