Aguirre promueve el primer examen a candidatos a un Ayuntamiento que se realiza en España

La candidata del PP a la Alcaldía de Collado Villalba, Mariola Vargas, médico de profesión y actual concejal del Consistorio, será la primera que se someterá a las preguntas de todo tipo, que le realizarán miembros del partido.

Esperanza Aguirre propuso la pasada semana este sistema como una de las medidas de regeneración y contra la corrupción y puso como ejemplo el test al que se tuvo que someter Miguel Arias Cañete en el Parlamento Europeo.

La candidata a la Alcaldía de de Collado Villalba deberá responder todas y cada una de las cuestiones que le formulen los cinco miembros de la Mesa de Evaluación, que estará integrada por las siguientes personas: Mª Eugenia Carballedo, presidenta de la Mesa de Evaluación, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid; Bartolomé González, vicesecretario del PP de Madrid; Carmen Rodríguez, ex presidenta del PP de Collado Villalba; Fernando Martínez Vidal, concejal del distrito de Salmanca y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid; y Adán Martínez, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Collado Villalba.

El examen se celebrará en la sala que habitualmente se destina a comparecencias ante la prensa en el PP de Madrid, y tanto la candidata como los examinadores estarán situados en un estrado para que los medios de comunicación puedan seguirlo con más facilidad.

Además de esta medida, Aguirre anunció la semana pasada otras seis: facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar prisión inmediata no eludible con fianza a políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción; cambios legislativos para reducir el tiempo de instrucción de causas judiciales abiertas por corrupción; una nueva Ley Electoral que permita a los ciudadanos conocer directamente a los políticos, y que estos den cuenta a sus electores; hacer públicas las cuentas de partidos e instituciones para contribuir a la transparencia; cambiar la Ley de Contratos del Estado; y, además, que se devuelva el dinero robado.