Una de las asociaciones involucrada en el fraude de los cursos devuelve 25.000 euros

Fuentes de la Dirección General de Formación han explicado a Ep que, además, otra empresa se encuentra en fase de «apremio», lo que quiere decir que ya ha vencido el plazo establecido para que realizara el pago y ahora se puede proceder al embargo de sus bienes. Todo esto tiene lugar después de que la semana pasada el Ejecutivo autonómico afirmara que desde junio de 2013 han abierto 38 expedientes de revocación, a través de los que solicitan a 35 asociaciones la devolución de 4,4 millones de euros por un presunto fraude en el uso de los fondos destinados a formación.

De esos 38 expedientes, 28 se corresponden con 25 asociaciones que habían contratado los servicios de formación con Aneri, que fue detenido el pasado jueves. La cuantía total que se dio a estas asociaciones es de 2,7 millones de euros. Actualmente, 14 de estos 28 expedientes han finalizado todo el proceso de revocación y otros 14 se encuentran a expensas de su tramitación en la Fundación Tripartita, formada por el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. De estos catorce expedientes que «ya han entrado en vía de pago», un periodo que suele extenderse cinco semanas, se ha derivado el pago de una asociación empresarial (Agemcex).

En cuanto a las subvenciones concedidas a asociaciones empresariales para 2012, la Comunidad de Madrid ha avanzado este semana que puede haber también un fraude en los cursos impartidos por la empresa Elmar Time. En este caso, se trata de 16 asociaciones empresariales que han recibido casi 900.000 euros. Ante toda esta situación de posibles fraudes, diecisiete asociaciones empresariales integradas en Fedecam presentaron el lunes unos escritos en el Registro de la Comunidad de Madrid en los que afirman que renunciaban a las acciones de teleformación de 2012 y ordenaban a las consultoras a las que encargaron la realización de los cursos on line «la inmediata puesta a disposición de la Comunidad de Madrid las ayudas percibidas por dicho concepto».

No obstante, fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado a Europa Press que el dinero tiene que ser devuelto por las asociaciones que recibieron los fondos y no por las empresas que posteriormente contrataron esas asociaciones para la impartición de los cursos. Asimismo, han explicado que en los documentos presentados en registro por estas diecisiete asociaciones se dice que se «renuncia a las acciones de teleformación del año 2012», cosa que no es posible porque son acciones formativas ya desarrolladas y que, incluso, han sido justificadas.

Este mismo martes, el presidente autonómico, Ignacio González, ha dicho que tiene interés en conocer qué acciones se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos para esclarecer lo sucedido; ya que, por su parte, el Ejecutivo autonómico ya ha trasladado los documentos a la policía, la justicia o la Fiscalía, en función de su competencia. También la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, explicó que su departamento tiene constancia de posibles irregularidades en cursos de formación a través de la Fundación Tripartita desde diciembre de 2012, y que desde entonces viene colaborando con los cuerpos de policía para aclarar estos supuestos casos de delito, a los que se ha vinculado al empresario José Luis Aneri.