«¿A ti quién te paga, payaso?»

Finalmente, la vista oral ha sido suspendida debido al fallecimiento de un familiar directo del magistrado. Ante este hecho, y de común acuerdo, todas las partes han solicitado la suspensión al amparo del artículo 188.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La fecha de la nueva vista oral ha sido señalada, en principio, para los próximos días 7 y 8 de mayo, a las 10.30 horas

El Juzgado iniciaba hoy 15 de enero las sesiones del juicio oral por un presunto delito de prevaricación contra el exalcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez, siete de sus exconcejales entre 2003 y 2007 y la exdirectora de Servicios Informáticos del Ayuntamiento , V.M., por el caso «Cuadrifolio».

Además del exalcalde, el juzgado procesará a los exconcejales Margarita Pedruelo, Mariano Maroto, Florencio Izquierdo, Yolanda Sevilla, Francisco Arroyo, Rita Salinas y Antonio García.

Todos ellos participaron en la última Junta de Gobierno de la Legislatura 2003-2007, en la que se aprobó el pago de una factura de 101.478 euros a la empresa «Cuadrifolio» sin haberse respetado presuntamente la prelación de pagos y por un material que presuntamente se desconoce su ubicación.

El denunciante es el actual alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), quien en el momento de denunciarse los hechos era el portavoz de la oposición. En octubre de 2009, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó, en los fundamentos de derecho del auto, que los exediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago fueron «ilustrados de las anomalías en que incurrían» por parte de Intervención y del secretario municipal.

Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los exconcejales que participaron en la Junta de Gobierno. Tras ello, prestó declaración el exconcejal de Hacienda Antonio García, que fue el responsable que elevó a la Junta de Gobierno local el pago porque, según declaró, contó con un informe favorable de un técnico, concretamente de la exdirectora de los Servicios de Información del Consistorio, Virgina M., quien también declaró ante el TSJM.

Ya en abril de 2010, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que «os hechos no son integrantes de delito alguno» y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar «personado en el proceso acusación particular alguna».

Tras el recurso de apelación del PP, la Sala de lo Civil y lo Penal estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.