Una dirigente de Podemos, ligada a un despacho que defiende a terroristas

En todo caso, las mismas fuentes aseguran que dicha información «ha sido eliminada de los servidores a raíz de su entrada en Podemos». De hecho, son muchas las referencias web con su nombre sin ningún tipo de contenido. Por ejemplo, Google llega a anotar lo siguiente: «E. P. C. Abogado en: Gabinete Estudos Xurídicos - Avogacía (sede en Pontedeume - Narón)», pero al acceder al enlace, la página no muestra nada. Tan sólo un «no existen actualmente resultados». El esquema se repite en varios sitios más.

La información más detallada que actualmente se puede encontrar sobre E. P. C. está recogida en una página relativa al ámbito judicial. En su ficha de abogada, la dirigente de Podemos afirma trabajar para Socyam Abogados en Ferrol. En la propia web de este despacho —con oficinas por todo el territorio español— figura su alta «desde hace un mes y dos semanas».

Sin embargo, sus datos chocan con los que ha tenido acceso este diario. En la misma ficha de abogada de esa página web se observa una dirección diferente, en este caso no en Ferrol, sino en Pontedeume. Una dirección que coincide, al igual que el teléfono de contacto, con la del Gabinete de Estudos Xurídicos-Avogacía , de cuya información electrónica ha sido desligada E. P. C..

Al frente de este despacho de abogados de Pontedeume está Manuel Chao Dobarro, con casos especialmente notorios como el de Roberto Rodríguez y Eduardo Vigo, condenados en 2013 por pertenecer a la banda terrorista Resistencia Galega . También fue letrado de la Grapo Isabel Aparicio. La juventud de Chao Dobarro estuvo directamente ligada con el llamado Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe, del que fue máximo dirigente hasta ser detenido y posteriormente condenado a 17 años de cárcel en 1994.

Junto a Chao Dobarro trabajaría también Alejandro Cortizas, letrado de la terrorista María Osorio, miembro de Resistencia Galega. En una entrevista al diario local «El Correo Gallego» , este abogado llegó a afirmar que «en Galicia no hay banda armada, ni siquiera hay terrorismo. Sólo se quiere criminalizar al independentismo». Con estos dos letrados trabajó, según las fuentes consultadas, una E. P. C. sin apenas huella informática.

La relación cliente-defensor no es algo casual. Es más, según fuentes de las unidades de la Guardia Civil dedicadas a la lucha antiterrorista, el entorno y grupos afines a Resistencia Galega se valen, en ocasiones, de abogados comunes a su ideología para la defensa de algunos de sus casos ante los tribunales. En todo caso, a E. P. C. no se le conocen defendidos propios vinculados con el terrorismo o el independentismo radical.

La ferrolana no es la única abogada que integra la «Comisión de Garantías Democráticas» de Podemos. También lo son sus cinco compañeros de candidatura que forman parte de este órgano. Una de ellas, Ana Pérez Fernández, ha defendido en los juzgados a personas en su día relacionadas con la esfera independentista. En concreto, dirigió la defensa en procesos posteriores de uno de los detenidos en la «operación Castiñeira». En este operativo, que supuso el arresto de diez independentistas por parte de la Audiencia Nacional en 2005 (y que fue archivado tres años después) se procedió a la detención del considerado como cerebro de Resistencia, Antón García Matos, fugado desde su puesta en libertad.