Rey Varela insiste en la declaración de los agentes que lo identificaron como «Josman»

El recurso de apelación ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que se encarga de la Operación Pokémon, en la que el alcalde de Ferrol está imputado por un supuesto delito de cohecho. El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press y que tendrá que ser elevado a la Audiencia Provincial para su resolución, solicita que «a la mayor brevedad posible» se ordene la declaración de los agentes.

La defensa de Rey Varela, que realiza el abogado Ricardo Pérez Lama, discrepa en el recurso de las razones por las que la jueza instructora, Pilar de Lara, deniega la declaración de los agentes. Al respecto, sostiene que «esa diligencia es esencial», porque el «informe/atestado de 12 de junio de 2014 contiene errores de bulto, incompatibles con los estándares mínimos de calidad en la actuación policial».

Debido a que se considera que esos errores son «tan graves», se indica que se «debe de dar oportunidad a los agentes de subsanarlos» y que, en todo caso, puedan rectificar el error en sede judicial.

Tanto Rey Varela como el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo, que prestó declaración como testigo, identificaron ante el Juzgado el 30 de junio a José Manuel Vilaboy Lois como el interlocutor de Tutor y el supuesto «Josman». La jueza ha citado a Vilaboy para prestar declaración como testigo el próximo 30 de julio.

La defensa asegura que el número de teléfono al que llama José María Tutor el 30 de mayo de 2011, en la llamada telefónica intervenida, no pertenece a Rey Varela y que tampoco es él la persona con la que habla, que se identifica como «José Manuel, Josman». También se remarca que Rey Varela no acudió a La Coruña a la cita que se concierta telefónicamente y que estaba en otro lugar.

Por este motivo, en el recurso se indica que los agentes de Vigilancia Aduanera tienen que explicar por qué identifican a «Josman» como Rey Varela, porque el haber comparado la voz de las llamadas con sus intervenciones en medios de comunicación, que se argumenta en el atestado, «no es explicación alguna».

«Un atestado policial tiene valor de simple denuncia y no puede contener juicios de valor temerarios y que se intente escamotear a la contracción procesal», se añade, al tiempo que se insiste en la inocencia «real y verdadera» de José Manuel Rey.

El recurso insiste en que, sin la declaración de los agentes, se desconoce «por qué esta imputado Rey Varela», salvo que se pretenda dar al texto firmado por los agentes -que se indica que es en «una sola línea incriminatoria, tres años después de las supuestas conversaciones telefónicas»- el valor, "no ya de una denuncia, sino de una verdad revelada".

En el recurso del 2 de julio presentado por la defensa ya se solicitaba que se incorporasen los documentos sonoros en los que se había basado la imputación del alcalde y presidente de la Fegamp.

Aunque De Lara señalaba que la diligencia solicitada «carece de sentido», en el recurso se estima que el juzgado «no puede adivinar el resultado de esa diligencia, porque eso, en términos de estricta defensa, es prejuzgar».

Ante la afirmación del Juzgado de que la declaración de los agentes es «algo completamente improductivo», se puntualiza que no se pretende evaluar a los agentes de Vigilancia Aduanera en su conocimiento de la dinámica del SITEL ni de sus «profundas nociones» en investigación penal, sino conocer por qué dicen que la voz corresponde a Rey Varela y cómo llegan a esa concusión.

El juzgado entiende que el resultado de la prueba pericial fonométrica que dictaminará sobre la coincidencia entre la voz registrada y la de la persona a la que la voz se atribuye en la instrucción será «lo decisivo y esencial».Frente a esto, Pérez Lama indica que, aunque la prueba fonométrica será decisiva, otras pruebas también pueden serlo, «antes y además».

Así, «en primer lugar, pueden los agentes de Vigilancia Aduanera rectificar sus erróneas apreciaciones», o bien el juzgado instructor puede ser el que determine que no coinciden las voces.

La defensa remarca que no se le puede pedir que permanezcan inactivos a la espera de la prueba fonométrica , debido a los «gravísimos perjuicios, públicos, notorios y con tal, exentos de prueba, que esta pena anticipada de banquillo que supone la instrucción de la causa, está irrogando al defendido».

Por otra parte, también se puntualiza que en el recurso anterior se solicitaba la práctica «a la mayor urgencia posible» y no de forma «inmediata» de la declaración testifical de los agentes que identificaron al alcalde «de modo palmariamente erróneo», y se matiza que «cambiar urgencia posible por inmediatez es tergiversar».