El alcalde de Orense renuncia a la caducidad del expediente sobre las aceras de su casa

Pasados los cuatro años que de vigencia establece la legislación, el jefe de servicio de Licencias considera que no procede la reclamación, según consta en su informe; argumento al que se agarraban los miembros del gobierno local para dar carpetazo a un asunto que investiga la Fiscalía, a instancias de una denuncia del PP . El técnico municipal concluye que la licencia de ocupación «es correcta» y que «no procede la devolución de un aval» de 10.633 euros por las obras al «haber caducado el expediente».

Una decisión no poco polémica y que inflamó muy rápido los ánimos en las filas populares. Su portavoz Rosendo Fernández convocaba una rueda de prensa urgente para denunciar lo que calificó de un «plan premeditado». Cree que los socialistas dejaron caducar el expediente «deliberadamente».

En contestación a Rosendo Fernández, la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, aseguraba que «todo el expediente relacionado con las aceras de la casa del alcalde fue trasladado inmediatamente a la Fiscalía para que tenga conocimiento sobre la agilidad de la tramitación; desde que el PP planteó la denuncia, hasta que fue resuelto por la junta de gobierno local en el mes de abril de 2014». De esta manera, el fiscal cuenta —informó la edil— con un relato y documentación de toda la tramitación administrativa del expediente en los quince días anteriores a su cierre. Una agilidad cuestionada desde el PP, que recuerdan que el informe «estuvo parado 15 días» en Urbanismo, «en manos de unos técnicos que entraron a través de asistencias técnicas».

No es la única interpretación que se atrevió a hacer el edil popular, para quien la ausencia de Mónica Vázquez, vinculada al sector de los críticos del PSOE orensano, a la junta supone «darles la razón». Rosendo justifica que se trata de la misma concejala que «hace unos días dijo que las sentencias judiciales están para ser cumplidas y no para ser criticadas».

El alcalde de Orense, que está imputado junto a Soto y la directora de Personal por supuesta prevaricación en otro caso sobre la contratación de asistencias externas , urbanizó su casa con cargo al erario público. Los hechos se remontan a 1991 cuando solicita la licencia para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, que se condiciona al pago de una fianza como garantía de una serie de obligaciones. Esto es, asumir el coste de las obras de urbanización en el entorno de su casa (calle Clara Corral Aller). Este extremo nunca llegó a producirse, puesto que el gobierno en el que entonces Fernández era concejal decidió endosar la humanización al Plan E . Solo llegó a pagar un aval que le fue devuelto el 15 de abril de 2010.

Además, desde que terminaron las obras en 1993 hasta que le fue concedida la licencia de ocupación pasaron 13 años, los mismos que el regidor ocupó la vivienda sin que le fuera reclamado el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) .