El fiscal no aprecia lucro personal en la actuación de los imputados

En cuanto a la relación de Otero y González, hizo constar que el primero propuso el nombramiento del jefe de Tráfico con lo que manifestó ciertas dudas al respecto de la independencia del cargo. De este modo, pese a que el fiscal ve un claro perjuicio público que deriva en una «responsabilidad civil», matizó que ninguno de ellos «se llevó un euro al bolsillo». «No aprecio ánimo de enriquecimiento personal ni un móvil económico», dijo.

Queda claro para el Ministerio Público que la jefa de Sanciones, María Consuelo Fernández —entre los acusados—, acabó por convertirse en «colaboradora necesaria». Según expuso, «tuvo que ver resoluciones de sanciones que luego se archivaban, algo que llama poderosamente la atención y que es una ilegalidad muy visible». Al hilo, recordó que «la prueba documental forma parte del núcleo» de la causa juzgada. En ella figuran las «anotaciones» que realizaban los funcionarios imputados para proceder al supuesto sobreseimiento irregular de las sanciones. Prueba que la defensa se empeñó en anular y que el fiscal considera clave. Cabe recordar que en la testifical, tanto los acusados como los testigos que inicialmente estuvieron imputados por pedir la retirada de multas negaron haber solicitado esos favores a pesar de que nunca llegaron a pagar las sanciones impuestas.

«Parece que a todos les ha tocado la lotería», añadió Álvarez, al tiempo que señaló que la declaración de algunos de los imputados «no acaba de convencer», de ahí que sigan imputados en las conclusiones finales.

En cuanto a los procesados por tráfico de influencias, precisó que se mantuvo la acusación contra aquellos que tenían capacidad «de presión» para pedir que les retirasen las sanciones y que se encontraban en una situación para poder ejercerla.