Testigos rechazan haber intercedido para sacar multas de tráfico en Lugo

El primero en prestar declaración ante la sala fue el alcalde de Pol, el socialista Lino Rodríguez Ónega, quien negó a preguntas del juez y del ministerio fiscal que hubiese intercedido para que le fuese retirada una multa por exceso de velocidad a un vecino de su municipio, que figura como imputado en la causa. El regidor local aseguró que se enteró de la existencia de esa sanción cuando fue «citado» en la causa y ante la sala afirmó que ni el propio imputado ni nadie de su familia le «hablaron nada» en relación con esa multa.

También prestó declaración esta mañana la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, que también negó que dos de los acusados se hubiesen puesto en contacto con ella para que hiciese gestiones con la finalidad de que les fuesen retiradas dos multas que les habían sido impuestas.

La Audiencia Provincial acoge este lunes la tercera jornada del juicio por la supuesta retirada irregular de multas en Lugo , después de que la semana pasada terminase antes de lo previsto la declaración de los 23 imputados, entre ellos el que fuera subdelegado del Gobierno Jesús Otero, para quien el fiscal pide en sus conclusiones provisionales siete años de cárcel.

El juicio se retoma este lunes y la sala tiene reservadas otras dos jornadas para concluir la vista oral, el martes y el viernes -día 27 y 29 de mayo-, con las declaraciones de los testigos citados por el ministerio fiscal.

Inicialmente, la Audiencia había fijado la finalización del juicio para este miércoles -día 28 de mayo-, pero finalmente hubo que aplazar esa última jornada hasta el jueves, a causa de la reunión que celebrará esta semana la junta electoral con motivo de los comicios europeos. La declaración de los 23 imputados en el juicio terminó el pasado martes , mucho antes de lo previsto inicialmente por la sala, dado que se había reservado un día más en la Audiencia Provincial para interrogar a los procesados.

En cierta medida, contribuyó a agilizar el proceso el hecho de que uno de los principales imputados, el ex jefe provincial de Tráfico, Julio González, se acogiese a su derecho a no declarar, así como el exsubdelegado del Gobierno sólo aceptase preguntas de su abogado y del ministerio fiscal. En este proceso, el fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también pide su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura Juan José Molina.

También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por tratarse de un aforado.