Los gallegos pagarán más por la luz, peajes, trenes, gasolina y recogida de basura en 2014

Por su parte, el precio del peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, como la AP-9, se incrementa una media del 1,85%. Este aumento es inferior al del 2,40% que se aplicó a comienzos de 2013 y constituye el menor aumento desde 2011. De esta forma, en el caso de la Autopista del Atlántico, el trayecto La Coruña-Vigo es de 15,30 euros -estaba en 15,05- y Ferrol-Tui supera los 20 euros. La subida se aplica a toda la red estatal de autopistas, esto es, a todas las vías, incluidas las que están en concurso de acreedores. Por contra, no afecta a las dependientes del Gobierno gallego.

De hecho, la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, anunció que mantendrá durante el año 2014 los precios de los peajes de las autopistas de titularidad autonómica. Así, el incremento de las tarifas tras la aplicación del IPC interanual no supera los cinco céntimos en ninguno de los trayectos de las autopistas AG-55 (Val Miñor) y AG-57 (La Coruña-Carballo), lo que «permite el margen necesario para no repercutir la subida en el usuario». En cuanto al transporte por ferrocarril, Renfe sube un 1,9% el precio de los billetes de los trenes de Cercanías, Media Distancia, tanto convencional como Avant, y Feve, según informó la operadora.

Una de las principales novedades que incluyen los presupuestos de la Xunta para 2014 es la aplicación de una subida del impuesto sobre hidrocarburos, lo que supondrá un incremento de 3,6 céntimos en el gasóleo y de 2,4 céntimos en gasolina, y una recaudación adicional de 53 millones de euros para el Gobierno gallego, que se destinarán a gasto sanitario. El aumento no afecta, no obstante, al sector profesional (a los transportistas), que tributará como hasta ahora, ni al gasóleo de usos especiales, que es el que se emplea en sector primario y en calefacción. Facenda señaló en el momento de tramitación de las cuentas que lo que hará en 2014 es «equiparar» el impuesto de hidrocarburos al que tienen establecido «la mayoría de las comunidades», que han fijado el tipo máximo en su tramo autonómico.

Esto implica que el gasóleo pasa en Galicia de 12 euros por cada 1.000 litros (o 1,2 céntimos por cada litro) a 48 euros por cada 1.000 litros (o 4,8 céntimos por litro). Por su parte, la gasolina sube de 2,4 céntimos a 4,8 céntimos.

Otra de las polémicas de los últimos meses estuvo protagonizada por la subida, en un 33,5%, del canon que aplica Sogama a los ayuntamientos por la recogida y el tratamiento de la basura, y que supondrá un aumento del 33,5 por ciento en la factura. Esta medida, que implicará en torno a 1 euro mensual en el caso de que los municipios lo repercutan a la factura de cada hogar, será efectiva desde el mes de marzo al fracasar el acuerdo de los grupos parlamentarios para que los presupuestos recogiesen su retraso hasta el mes de julio, como ofreció el conselleiro de Medio Ambiente a la Federación de Municipios e Provincias (Fegamp).

Pese a las subidas, nada se actualiza con el IPC como se hacía hasta ahora, gracias a la Ley de Desindexación que ha aprobado el Gobierno con el objetivo de desvincular los precios públicos de la inflación española. Así, la norma deroga cualquier vinculación directa al IPC y vincula los aumentos exclusivamente a la evolución de los costes de la prestación del servicio. No afecta a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

Además, desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado «Índice de Garantía de Competitividad», que tiene en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Tendrá un tope del 2% -el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)- y un suelo del 0%. Pese al cambio legislativo, son muchos los precios de los servicios básicos que suben a partir de hoy. La subida más llamativa es la de la luz, cuyo incremento finalmente se ha fijado en el 2,3% gracias al mecanismo transitorio aprobado por el Gobierno después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propusiera dos alternativas a la subasta invalidada el 19 de diciembre.

En cambio y pese a la resolución aprobada el año pasado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que permite a Telefónica aumentar la cuota de abono hasta el IPC como máximo entre los años 2013 y 2016, la empresa ha optado por congelar sus precios en 2014. De la misma forma, la tarifa de gas natural se mantiene después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya decidido elevar en un 2,3% la parte regulada de la factura, conocida como peajes. Esta revisión es fruto tanto de una subida del 2,3% en la parte de los peajes como de un descenso del 3,2% en el otro principal componente de la tarifa, el correspondiente al coste de la energía. En cuanto al butano, seguirá en el máximo de 17,5 euros por bombona en vigor desde el mes de mayo.

Por su parte, el Euríbor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, previsiblemente cerrará el año en el umbral del 0,54%, un nivel muy similar al que finalizó 2012, con lo que el alivio en los bolsillos de los hipotecados se notará menos que en los últimos años. Mientras los precios de algunos servicios siguen subiendo o se mantienen congelados, las rentas de los ciudadanos se mantienen estancadas. Así, tanto las empresas como el propio Gobierno siguen pidiendo moderación salarial para superar la crisis.

De hecho, el Gobierno ha vuelto a optar por congelar el Salario Mínimo Profesional (SMI) y lo ha dejado en 645 euros, aunque ha elevado las pensiones un 0,25% de forma general tras la entrada en vigor del nuevo índice para calcular el incremento de las pensiones. El nuevo factor, que sustituye al IPC, incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo del IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno quiere garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y evitar futuras bajadas o congelaciones de las cuantías.