ENTREVISTA al Delegado del Gobierno en Galicia
Samuel Juárez: «Llamar indignados a unos señores que ponen bombas es un insulto a los indignados»
Después de año y medio en el cargo, Juárez se muestra preocupado por el respaldo de sectores políticos a las acciones terroristas en Galicia
JORGE PAN
La estancia de Samuel Juárez en el hermoso edificio de los coruñeses Jardines de Méndez Núñez que ocupa la Delegación del Gobierno está siendo, por unos y otros motivos, más agitada de lo que cabría esperar. Las acciones policiales contra Resistencia Galega y sus abiertas ... críticas contra la actitud con que BNG y AGE enfrentaron el proceso judicial contra los cuatro presuntos miembros de la entidad le valieron a Juárez la enemistad de algunos sectores del nacionalismo.
El BNG llegó a llevar al Congreso de los Diputados su destitución, y el portavoz parlamentario de los nacionalistas, Francisco Jorquera, lo acusó de estar empleando «el terrorismo como arma política» y de querer convertir Galicia «en Ciudad Juárez». A pesar de todo, este leonés con fama de buen gestor enfrenta las críticas con la tranquilidad de quien está convencido de sus acciones.
—¿Qué fue lo primero que usted se propuso al llegar a la Delegación del Gobierno?
—Éste es un puesto un tanto peculiar, pues no se trata tanto de diseñar acciones propias como de seguir las iniciativas del Gobierno en Madrid, dar a conocer y explicar sus reformas y, en el ámbito de la seguridad pública, ser capaces de que este momento de cierta convulsión social afecte lo menos posible a la convivencia.
—Hace pocas semanas vivimos la «operación Albatros», durante la que se decomisaron 3.400 kilos de cocaína. ¿Estamos ante un reverdecimiento del narcotráfico en Galicia?
—Creo que no, aunque es algo que nunca se puede saber a ciencia cierta, ya que se sabe cuánto se incauta pero no cuánto circula. A pesar de todo, indicadores como el precio de la droga apuntan a que se intercepta más droga debido a la magnífica acción policial y no a que haya más tráfico.
—¿Está aumentando el contrabando de tabaco en Galicia?
—No tenemos una idea clara de la dimensión real de este tráfico, aunque no creemos que sea un volumen de gran importancia.
—¿Tenemos en Galicia la única organización terrorista de España?
—Que esté activa, sí. Y esto es muy preocupante haya o no habido víctimas, porque lo cierto es que no ha habido heridos porque no ha coincidido, la potencia de los artefactos era suficiente para causar graves daños.
Cruzar la línea roja
—¿Vemos desde algunos sectores políticos una cierta tolerancia hacia este tipo de movimientos?
—Sí, y es bastante incomprensible puesto que todo demócrata debe tener bien claras las líneas rojas que no hay que traspasar. Si en Galicia no hay terrorismo, no sé cómo se les llama a unos señores encapuchados que van poniendo bombas y reventando sedes de partidos. Creí que el discurso del «terrorismo de baja intensidad» estaba ya olvidado en España. Llamar, como hizo Beiras , indignados a unos señores que ponen bombas es un insulto a los indignados.
—Xosé Manuel Beiras llegó a decir en campaña que Feijóo mataba a más gente que ningún grupo terrorista en Galicia. ¿Se está banalizando la palabra terrorismo?
—Hay ciertas personas que tienen la suerte de que se les consiente todo. Si cualquier otro político hubiese dicho las barbaridades que ha dicho Beiras, sería denostado por toda la sociedad y linchado en el aspecto mediático.
—¿Conocía usted el supuesto informe policial que publicó un periódico y que alertaba de una «batasunización» de algunas fracciones políticas gallegas, entre las que se situaba al BNG?
—No conozco ese informe, por lo que no puedo avalarlo ni desmentirlo.
—¿Hablar de «violencia de móvil político» al referirse a Resistencia Galega o de «tribunal de excepción» para describir a la Audiencia Nacional es una táctica política o el pensamiento real del nacionalismo gallego?
—Creo que hay determinadas personas dentro de partidos nacionalistas que sí comparten actitudes tan extremas y otras muchas que no, y algunos dirigentes, en el intento de agradar a todos, avalan actitudes que no deberían avalar. Que esta concejala de Orense [Ximena González Ataide, del BNG] diga que Arnaldo Otegi, que es un secuestrador y terrorista confeso, es un «luchador por la libertad» es increíble, y que luego vengan dirigentes de su partido a apoyarla no está dentro de lo tolerable. Pero ellos sabrán a qué parte de su electorado se quieren dirigir y cuál no les importa perder.
—Con Francisco Jorquera, portavoz parlamentario del BNG, mantiene usted una relación especialmente tensa.
—Yo no he tenido ningún problema con el señor Jorquera. Él figuraba entre un grupo de personas que fue denunciado por la policía por su actitud violenta durante una protesta ilegal en la calle en La Coruña, y el único pecado que cometí fue considerar que el señor Jorquera es como los demás ciudadanos. Lo que le ha molestado es descubrir que no tiene patente de corso. Además, con lo del terrorismo les toqué un tema que les resulta molesto, puesto que ellos tienen una serie de facciones fuera del ámbito realmente democrático y a las que este tema ha forzado a retratarse. Yo desde luego no lo voy a insultar como él me insultó a mí.
—¿Resistencia Galega es una organización sólida o un grupo de personas que sólo comparten su independentismo?
—Sus miembros tienen unos papeles muy definidos, así que una organización sí que es. Ahora bien, no es una organización fuerte, ya que ha sufrido golpes importantes por parte de la Policía, que además los ha detenido con explosivos en el maletero del coche. Ellos quieren evitar que esto se demuestre para que no se les juzgue por la Ley Antiterrorista y poder seguir poniendo bombas apoyándose en las garantías constitucionales de la gente de bien.
—ABC situó en su día a entidades como Causa Galiza o AMI en la órbita de Resistencia Galega ¿Si esto se demostrase, podrían llegar a ser ilegalizadas?
—La Ley de Partidos es muy clara en España. Si se dieran los supuestos, el Gobierno actuaría en consecuencia, sin duda.
El alcance de la corrupción
—Pilar de Lara amplió por cuarta vez el secreto de sumario de la «operación Pokemon», ¿cree que el contenido de este sumario podría provocar otra tormenta política en Galicia?
—A todos nos parece preocupante que se prorroguen tanto estos sumarios, porque hay muchas personas públicas que están encausadas ahí y el secreto de sumario, de alguna forma, les dificulta mucho su defensa desde el punto de vista procesal y público. Como no conocen las pruebas que existen contra ellos, su imagen pública se resiente sin que puedan evitarlo. En este caso, será que la juez necesita más tiempo, aunque esperamos que sea el mínimo posible.
—¿Las múltiples imputaciones de cargos públicos podrían resultar en un giro del mapa político gallego en las municipales de 2015?
—Lo peor de este tipo de operaciones es que dan la impresión de que la corrupción está más extendida de lo que creo que está. Sería bueno que se aclarase todo esto para saber si las personas imputadas hicieron algo malo o no. Varios alcaldes, de seguir así las cosas, llegarían a las elecciones con causas abiertas.
—¿Está de acuerdo usted con la propuesta de que cada político imputado tenga que dimitir?
—Sé que hay mucha gente a quien esto suena mal, pero yo no estoy de acuerdo. Estar imputado no tiene por qué significar nada. Cuando uno es gestor a veces se puede equivocar, y no siempre es con mala fe. La dimisión es una decisión personal, y cada uno deberá decidir si su conciencia le pide dimitir o no.
—¿Después de tantos escándalos recientes, la sociedad española ya es inmune a la corrupción?
—Inmune no creo, aunque es cierto que la corrupción salpica a todos aunque sean sólo unos pocos los causantes. Sé que a la gente no le gustan los políticos, pero tiene que haberlos. No hay ninguna sociedad, ni democrática ni no democrática, sin políticos. Lo que hay que procurar es que sean los mejores posibles, pero no desacreditarlos a todos y que gente capaz no quiera meterse en política.
—¿Qué retos le quedan a usted por delante al frente de la Delegación del Gobierno?
—Me gustaría poner en práctica una reforma de la Administración como la que se está planteando ahora, y que consigamos tener al final de legislatura un diseño más simplificado y eficaz.
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