El TC confirma la suspensión de la ley catalana de comercios
La Generalitat anuncia un proyecto de ley con «urgencia» para blindar el «modelo catalán»
Nuevo parapalo a la singularidad comercial catalana. El tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios artículos del decreto ley catalán en materia de horarios comerciales tras haber aceptado en febrero el recurso del Gobierno contra la regulación. Aunque las comunidades autónomas tienen competencias en materia comercial, el Ejecutivo entiende que se han vulnerado aspectos de legislación básica.
En concreto, se recurrió la regulación relativa a horarios comerciales y comercio minorista en lo que se refiere a horas, festivos, puestos fronterizos con límite de venta, gasolineras, regulación de municipios turísticos, y algunas cuestiones que afectan a otros establecimientos como los estancos.
El aspecto nuclear, con todo, se ciñe a la capacidad de los establecimeintos comerciales para adoptar los horarios que deseen. Frente a una visión restrictiva por parte de la Generalitat, apelando a una defensa cerrada del pequeño comercio, la visión más liberalizadora del Ejecutivo. Aspectos como las fechas del periodo de rebajas también están en cuestión.
La legislación estatal, por ejemplo, precisa que las comunidades no podrán restringir el horario de apertura de los establecimientos comerciales a menos de noventa horas, ni los domingos y festivos de apertura a menos de diez. Además, quedan excluidos los establecimientos situados en zonas de gran afluencia turística que tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en todo el territorio nacional.
El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, reaccionó al anuncio del Gobierno de interponer este recurso anunciando que el Govern impulsaría con «carácter de urgencia» un proyecto de ley que recogiera el decreto ley aprobado por el Parlament en diciembre para preservar el modelo comercial catalán, informa Ep. La Generalitat defiende que el máximo de horas semanales sean 72 frente a las 90 del Estado, ocho festivos de apertura frente a los diez del Gobierno y que queden excluidos los establecimientos de alimentación con una superficie de hasta 150 metros cuadrados.
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