Tres sospechosos de corrupción tendrán cargos en el Parlament
Xavier Crespo, Ferran Falcó (CiU) y Daniel Fernández (PSC) cobrarán sobresueldos
m. j. c.
Tres diputados implicados en casos de corrupción ocuparán cargos en comisionesen el Parlamento catalán, lo que les da derecho a sobresueldos. Se trata de Xavier Crespo y Ferrán Falcó (CiU), vinculados a los casos Clotilde y Adigsa, y Daniel Fernández (PSC), relacionado con el ... Caso Mercurio.
Así, Crespo será vicepresidente de la Comisión de Empresa y Ocupación, por el que cobrará un extra de 4.991,49 euros al año, cifra a la que hay que añadir 28.000 euros por desplazamiento, ya que reside en Gerona. Por su parte, Ferran Falcó, que aparece implicado en el caso del 3% -fue presidente de Adigsa- presidirá las comisiones de Bienestar y Familia, y de la Sindicatura de Cuentas. Los sobresueldos no son acumulativos, por lo que cobrará 9.359,06 euros. Finalmente, Daniel Fernández presidirá la Comisión de Juventud y será secretario de la de Asuntos Institucionales, por lo que cobrará también 9.359,06 euros.
El hecho de que la mayoría de grupos hubieran pactado desde hace días el reparto de cargos en las comisiones sin nombres concretos permitió a CiU y PSC proponer a Crespo, Falcó y Fernández, lo que ha provocado la indignación de ICV-EUiA y de la CUP, y el enfado de ERC y PPC. El portavoz del grupo del PPC, Enric Millo, instó a los partidos a mantener «actitudes éticas» y «no proponer para ocupar cargos a personas que están o pueden estar imputadas». «Ya sabemos que proponerlas no es ilegal, pero no es ético, y por eso hago un llamamiento a la responsabilidad».
PPC y Ciutadans reclamaron la comparecencia en el Parlament el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para explicar los asuntos de corrupción que vinculan a su formación (CiU) que son los casos Palau, Pallerols y Clotilde.
Ley de transparencia
El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, anunció que la federación propondrá mañana al resto de grupos la reapertura inmediata de la ponencia conjunta para aprobar una ley catalana de transparencia y derecho a la información pública, cuyos trabajos decayeron en la anterior legislatura tras el avance electoral.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, cree necesaria una «reacción colectiva» de la clase política catalana contra los casos de corrupción, por lo que abogó por un amplio acuerdo para defender la gestión pública. «El carácter transversal que puede llegar a tener la lacra de la corrupción causa inquietud entre la ciudadanía», dijo.
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