El PSOE se desangra en Canarias, «entregado» a CC

Si «las derechas» fueron el objetivo de los ataques de López Aguilar, la llegada de Pérez supuso un cambio sustancial en el discurso de los socialistas: esas «derechas» pasaron a ser solo una, el PP, y los nacionalistas de CC se convirtieron en la vía para «tocar poder» tras muchos años en la oposición. El nuevo secretario general no dudó en suscribir un pacto con la coalición de Paulino Rivero, aquella a la que López Aguilar calificó en no pocas ocasiones como heredera del caciquismo más propio de siglos pasados. Y no solo eso: el acuerdo para el Ejecutivo autonómico implicaba una estrategia de «pactos en cascada» en cuya virtud o defecto el acuerdo PSOE-CC debía reproducirse en tantas otras instituciones como fuera posible.

Las protestas de aquellas muchas agrupaciones locales (e insulares) que durante tantos años habían sido ninguneadas por CC no tardaron en surgir, pero la respuesta de la cúpula regional, con el asenso de Ferraz (o viceversa), fue siempre la misma: los pactos con el PP, salvo en el País Vasco, estaban vetados. En otras palabras, se impuso un radical cambio de discurso por el cual una de aquellas derechas era menos derecha y la otra, algo más. En ese contexto, las rebeliones sufrieron la amenaza de la expulsión. Hubo quienes doblegaron esa voluntad, como el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (que gobierna en pacto con los populares), y quienes tuvieron que cambiar su planteamiento inicial, como los socialistas palmeros.

Cabe recordar también que solo unos días después de ganar las primarias por la secretaría general, allá en 2010, Pérez pedía a Ferraz que se constituyesen sendas gestoras en las agrupaciones locales de Santa Cruz de Tenerife e insular tinerfeña. Ferraz aceptó y la baja de militantes fue considerable, aunque las cifras aún hoy varían en función del interlocutor. Así, el «pacto en cascada» llegaba incluso a la capital tinerfeña, feudo por excelencia de CC, cuya gestión en todos esos años, y en concreto la del exalcalde y aún senador Miguel Zerolo, está indisolublemente unida a la corrupción. Serían los socialistas quienes mantendrían en el poder a los nacionalistas, adoptando para sí el papel que hasta entonces había desempeñado el PP y que tanto habían criticado.

En este caldo de cultivo, los años de Pérez al frente de la secretaría general han sido años de profunda división ideológica. Las voces que lo han acusado de «entreguismo» a los intereses de CC no han sido pocas, si bien el apoyo explícito de la Ferraz de Rubalcaba y Gaspar Zarrías amenazaba a quien se moviera de la línea impuesta. Un ejemplo está en el municipio tinerfeño de Tacoronte, donde los cinco concejales del PSC-PSOE fueron expulsados de forma inmediata tras atreverse a presentar una moción de censura junto con el PP en contra del alcalde nacionalista. Pero hay un caso cuya repercusión cabe reseñar especialmente: el del Cabildo de La Palma.

En la «Isla Bonita», el líder insular, Anselmo Pestana, y el resto de consejeros en el Cabildo se plegaron inicialmente a las directrices: a regañadientes apoyaron la investidura de Guadalupe González Taño, de CC, como presidenta de la corporación. Sin embargo, en verano del año pasado, la propia González Taño destituía a los socialistas de sus funciones de gobierno. En la decisión subyacían los acuerdos que, a contracorriente y pese a los intentos y amenazas de la dirección, los socialistas palmeros habían suscrito con el PP en la mayoría de los municipios de La Palma, donde el «no» a las imposiciones de la secretaría regional y de Ferraz tuvo más contestación que en ningún otro punto del Archipiélago: entregarse a CC era claudicar de los principios del partido, defendían.

De modo que la destitución del gobierno del Cabildo puso en bandeja a Pestana la posibilidad de pactar con el PP y presentar una moción de censura contra los nacionalistas, lo que no tardó en hacer. Él había cumplido con las órdenes, pactar con CC, pero la expulsión le daba nuevas razones para plantarse ante Pérez y Ferraz. De nada sirvió. Pese a haber sido Coalición la que rompió el acuerdo en el Cabildo, la dirigencia socialista expulsó del partido a Pestana y demás consejeros, en una decisión que está judicializada. Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos militantes y cargos del PSC-PSOE: su idea de que Pérez y la cúpula en las Islas se habían «entregado» a CC cobraba más fuerza que nunca.

En este clima de contestación orgánica llegaron las recientes primarias. La portavoz del PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, no tardó en cargar con el sambenito de ser la apuesta del «aparato» para ser la candidata a la presidencia del Ejecutivo regional en las próximas elecciones. Frente a ella, el secretario de Política Municipal, Gustavo Matos, y, sobre todo, la diputada Patricia Hernández, cuya simpatía con aquel discurso que a López Aguilar le valió 26 diputados es evidente. No hubo margen al consuelo del «aparato»: Hernández ganó holgadamente pese a que la dirección anuló casi 4.000 inscripciones de militantes para votar en las primarias. De hecho, solo la victoria de la diputada impidió que el capítulo de las anulaciones acabara en los juzgados, según ha podido saber ABC, y en un escándalo de considerables magnitudes.

La victoria de Hernández suponía, en definitiva, la desacreditación de la «hoja de ruta» de Pérez y los suyos y la llegada de una nueva líder, cuando menos una líder de facto. En este contexto, las opiniones en favor de celebrar un congreso extraordinario que aupase a la candidata a la secretaría general regional fueron inminentes. La dirigencia se apresuró en advertir que el congreso no tocaba y el propio Pérez ya ha manifestado su intención de agotar el cargo, y con él su particular forma de entender el partido. Es aquí donde los sucesos de La Palma y las primarias confluyen para terminar de dibujar el escenario de un PSC-PSOE en una delicada coyuntura.

Reforzados por la candidatura de Hernández, los secretarios insulares (los siete) firmaron un documento en el que pedían a la nueva Ferraz de Pedro Sánchez la reintegración inmediata de los militantes de La Palma. Una reintegración, pues, por la que apuestan tanto la nueva líder como todas las direcciones del PSOE en las Islas. En definitiva, todo el partido, salvo la cúpula regional. La mediación de Hernández ante la federal propició que esta accediera a reintegrar a Pestana y los demás consejeros palmeros. El argumento fundamental que la diputada defendió es que estos fueron expulsados por los nacionalistas antes de presentar la moción de censura con el PP. Esto y que la expulsión, judicializada, podría desembocar en la práctica desaparición del PSOE en La Palma, isla en la que el grueso del partido abomina de CC y, por tanto, apoya a Pestana. Pero ni por esas.

La posición de debilidad en que está la cúpula regional no implica que esta no esté legitimada, lo está por el congreso de 2010, y que no siga teniendo influencia en Madrid. No en vano, Pérez fue nombrado secretario de Educación en la nueva ejecutiva federal. De su lado, el secretario de Organización en las Islas, Julio Cruz, ha sido de los más activos en frenar la que iba a ser una reintegración inminente.

El argumento que ha esgrimido ante Ferraz es que la reincorporación de Pestana pondría en riesgo el pacto de gobierno con CC y un futuro acuerdo con los nacionalistas en 2015. La teoría del «entreguismo» a la coalición ha vuelto, pues, a cobrar fuerza, máxime cuando la cúpula se ha negado al congreso extraordinario y no ha cambiado un ápice su parecer pese al mensaje de cambio de la militancia. Desde la mayoría del partido, lo tienen claro, tal como publicó ABC días atrás: «El PSOE tendrá que hacer lo que le convenga; no podemos permitir que Coalición nos diga lo que tenemos que hacer en nuestra casa», advertía uno de los dirigentes insulares del partido en conversación con este diario.

La situación en el PSC-PSOE se caracteriza hoy, pues, por una bicefalia en que el principal perjudicado es el propio partido. La candidata no tiene el control del «aparato» y el «aparato» no cree que el mensaje de cambio de la militancia tenga que suponer su abandono del poder orgánico. Desde esta ala del partido avisan que en un eventual congreso extraordinario ya no votarían los militantes, de modo que no deben extrapolarse los apoyos de las bases con que cuenta Hernández a ese hipotético cónclave; desde esa mayoría del partido a la que pone rostro la diputada responden que, de ser así, qué le impide celebrar el congreso a la ejecutiva regional. «Se lo impide que perderían, otra vez», sentencian. Todo parece que la bicefalia durará hasta las elecciones del próximo año. Los socialistas de La Palma esperan la decisión de Ferraz.