Solicitan que declaren otra vez los concejales de NC envueltos en el caso Palmera

En el escrito, el denunciante sostiene que Inmaculada Ramírez, Ramón J. Ramos Rodríguez, Aurelio Falcón Déniz, Juana María Alvarado Santana, Juan Antonio García Cubas y Francisco José García López, que participaron de la Junta de Gobierno Local del día 11 de enero de aquel año, tuvieron una conducta que pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación, «tipificado en el artículo 404 del Código Penal».

De esta manera, solicita que sean imputados por ese delito y que sean llamados a declarar dentro de las actuaciones que lleva adelante la magistrada titular de este juzgado tirajanero.

Según argumenta, de la declaración de los exconcejales se desprende que los concejales «eran plenamente conocedores, de que el expediente al que estaban dando su aprobación incurría en claro beneficio a los intereses de su compañera concejal Inmaculada Ramírez, por versar sobre un negocio entre el ayuntamiento y la empresa de su marido». Al no estar acreditado que existiera un régimen de separación de bienes y cese de ganancialidad entre Ramírez y su esposo, ella presumiblemente se beneficiaría de los ingresos que dicho negocio generaría.

Además, no considera eximente de sus responsabilidades el hecho de que Inmaculada Ramírez no estuviera presente el día de la Junta, ya que «en modo alguno niegan conocer el presunto trato de favor que se estaba dando a la compañera Ramírez y a su esposo, y en modo alguno se alzan frente al contenido restante del acta que revela la actitud claramente favorecedora de los mismos, votando por unanimidad, sobre un negocio que en definitiva redundaba en beneficio patrimonial de la concejal Ramírez Marrero y su esposo», argumenta el denunciante en su escrito.

La declaración, el pasado 5 de noviembre, de estos concejales derivó en una nueva solicitud de comparecencia de la secretaria municipal el próximo día 25, en calidad de imputada, a raíz de la coincidencia de los ediles a la hora de afirmar que el acta labrado tras la junta de gobierno que aprobó los convenios que dieron origen al caso «Palmera» incluía a Inmaculada Ramírez cuando, en realidad, no había estado presente.

Todos coincidieron, asimismo, en decir que dieron su visto bueno a los polémicos convenios al ver que la que en ese momento era secretaria accidental, Agustina Méndez, no ponía ningún reparo a la operación, avalada así por esa junta de gobierno convocada con carácter urgente y extraordinario.

También unánimemente reconocieron que sabían que la aprobación de estos convenios suponía un negocio que favorecía a Machacadora Domínguez, propiedad de Agustín Domínguez, marido de la que era concejal de Cultura y Artesanía santaluceña, Inmaculada Ramírez (hermana de Carmelo Ramírez, alcalde durante 16 años del municipio sureño).

La sesión, convocada en el juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana, había comenzó de manera accidentada, al presentar las defensas de los concejales una nulidad de actuaciones por un defecto procesal, por lo que pedían que se los desimputase y que se les evitara declarar. Alegaban que el auto de procesamiento abreviado, de 2010, afirmaba que los declarantes habían manifestado desconocimiento de los hechos. Ante esto, el fiscal presentó en el acto un escrito en el que los desimputaba, pero solicitaba su declaración como testigos, a lo que la magistrada accedió.