«El Gobierno de España está obligado a impugnar la consulta sobre el petróleo»

—¿Por qué no quiere la consulta?—Yo sé que la ciudadanía está ávida de una democracia de calidad y de participar algo más que en la emisión del voto cada cuatro años. Y aquellos a los que le suena bien la música autodeterminista también se sumarán a este proceso. Pero lo va a orquestar y manipular el Gobierno de Canarias. Un demócrata no puede aceptarlo, porque sienta un precedente muy serio, no podemos secundarla.

—¿Lo de la voluntad del pueblo es apenas una coartada?—A través del presidente Rivero o del consejero Hernández Spínola dicen desear que «el pueblo canario exprese su voluntad». Y una vez fijado el objetivo, dicen que no es jurídicamente vinculante, pero sí lo es políticamente no solo para ellos, ¡sino que pretenden que lo sea para el Gobierno de España! Pretenden convertir la consulta en un pronunciamiento atribuible al pueblo canario y con un valor políticamente vinculante, es decir, de referéndum.

—Ahora le dicen consulta.—En un país civilizado, las cosas son jurídicamente lo que son, al margen del nombre que se les dé. Y el gobierno canario está jugando con las palabras, porque, en realidad, está organizando un referéndum. Y, en la democracia, con los procedimientos no se juega. Ni se juega con las palabras, como están intentando.

—Sin contar con el censo electoral, difícilmente parece que se le pueda dar entidad al resultado.—Para que cualquier pronunciamiento se pueda atribuir al pueblo canario, debería solicitarse cumpliendo con todas las garantías propias de un proceso electoral. Convocando a todo el pueblo canario, a través de un censo electoral, cuyo control no puede estar en manos del poder ejecutivo regional, sino de una autoridad independiente que son las juntas electorales. Y las decisiones de las juntas electorales pueden ser impugnadas judicialmente.

—Aquí, el presidente se reserva muchas atribuciones.—Segunda cuestión importante: la tramitación de ese proceso no puede estar en el gobierno, sino en las juntas electorales, que en nuestro ordenamiento jurídico tienen un marcado carácter independiente, cosa que no ocurre en este caso. Esa autoridad electoral debe velar por que todo el proceso respeta la legalidad. Y con garantías como es el respeto al pluralismo en los medios informativos de titularidad pública. Debe velar porque en el momento del pronunciamiento se respete el secreto y la libertad de voto. Y también por el recuento y la proclamación de los resultados, también sometidos a control judicial.

—Son las funciones tradicionales de una junta electoral que ahora las asume el ejecutivo de Rivero, que pasaría a ser juez y parte.—Exacto. Son garantías esenciales para que el resultado pueda considerarse, de verdad, «la voluntad del pueblo canario». Ni una sola de estas garantías está presente en este proceso que quieren iniciar. Luego, este proceso podría ser considerado como una consulta, como un sondeo —que es a lo que autoriza la ley de participación aprobada en 2010—, pero nunca como pretende el gobierno, al presentarlo y orquestarlo como referéndum.

—¿Por qué como referéndum?—Uno, porque pretende atribuirlo a «la voluntad del pueblo canario» y, dos, porque quiere que el resultado sea vinculante políticamente. Es un referéndum. Blanco y en botella, leche.

—El decreto que reglamenta la ley tiene un tinte claramente presidencialista.—Es que si este fuera un referéndum como los que regula la ley orgánica, la autorización correspondería al Congreso de los Diputados, tanto su celebración como la pregunta. Pero aquí se pretende que la pregunta la decida el presidente de Canarias. Hasta en eso pretenden tener bajo control el procedimiento. Y hay un juego de palabras constante, donde a la papeleta de votos se le llama formulario y al acto de votar no le llaman como tal, aunque luego a los resultados los pretenden tomar como si efectivamente fuera un referéndum.

—Ud, claramente, considera que el fin no justifica estos medios.—Manifiesto mi disidencia clara con un aprovechamiento de una contestación de la ciudadanía canaria —en la que me incluyo— a la actitud y las decisiones del Gobierno de España en esta materia, para orquestar un procedimiento sin ninguna garantía democrática para utilizarlo políticamente. Y esto en democracia no se puede hacer. Porque si hoy se permite esto, mañana no se podrá cuestionar que otro gobierno lo utilice para fines contrarios a estos. Es un pésimo antecedente democrático y de ningún modo puede enmarcarse en un proceso regenerador. Están aprovechando las ansias de participación política de la ciudadanía para manejarlas a su antojo.

—Usted era portavoz cuando se tramitó la ley que ahora sirve para esta consulta. ¿Cómo recuerda aquello?—Esta ley, cuando llegó al Parlamento, tenía otras ínfulas. Por eso, yo la bauticé como «plan Riveretxe» , porque pretendía que el Gobierno de Canarias organizase referéndums, «convocando al pueblo canario como cuerpo electoral». Después se echaron atrás por las críticas del Consejo Consultivo y del grupo socialista. Y el texto salió completamente devaluado, sobre todo con el tinte soberanista que le había dado Rivero. De tal manera que las consultas ni siquiera se nombran. Se habla de «sondeos, encuestas» y «cualquier otro instrumento», porque no se atrevieron siquiera a utilizar el término «consulta».

—Y ahora lo hacen a través de un decreto.—Es que el gobierno está intentando suplantar al Parlamento. Lo que no dijo la Cámara pretenden decirlo a través de un decreto. Y eso es quebrar el primer principio del estado de Derecho, que es el sometimiento del poder ejecutivo y la administración al principio de legalidad. No hay más que mirar lo que dice la ley, para darse cuenta de que el gobierno canario dedica el 90 por ciento del decreto a hablar de la consulta. De eso sobre lo que la ley no habla, que son las consultas. Incorporan todo aquello que no se atrevieron a poner en la ley, simplemente, porque era inconstitucional y podía ser impugnado por el Gobierno de España.

—Entonces, desde el punto de vista jurídico parece indefendible.—Desde el punto de vista jurídico es una clara extralimitación del gobierno con respecto a su potestad normativa, que es de colaboración y desarrollo de la ley, pero no de suplantación de la voluntad del órgano que representa al pueblo canario, el parlamento. Y eso es lo que están haciendo.

—Podría aducirse incluso que atenta contra la separación de poderes.—Ataca directamente ese principio. Se pasa 450 pueblos. No puede hacer por decreto lo que la ley no ha hecho. Y si lo hubiera hecho la ley, habría tenido consecuencias por su inconstitucionalidad.

—¿El Consejo Consultivo debería mostrarse contrario?—Si el Consultivo se atiene a emitir un dictamen conforme a la Constitución, no puede afirmar cosas muy diferentes a las que afirmo yo. Lo que la ley no dice porque no podía ser, mucho menos lo puede decir un decreto. Un parlamento regional no puede hacer esa ley, mucho menos podría hacerlo un decreto.

—¿Habrá una posible impugnación del Gobierno de España?—El Gobierno de España tiene la obligación de impugnar ante el Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de este acto. Y al tratarse de algo que no tiene fuerza de ley —es solo un acto de una institución autonómica, sin fuerza de ley— tiene efectos de suspensión automática, invocando el artículo 161.2 de la Constitución.

—El mismo artículo del plan Ibarretxe.—Sí, pero en aquel caso era una norma con rango de ley de la comunidad autónoma vasca. En este caso, es una norma mucho más vulnerable, porque no expresa la voluntad legislativa del parlamento. El gobierno no puede hacer por decreto lo que el parlamento no pudo hacer por ley.

—Con la excusa de reglamentar una ley, estarían legislando por decreto.—Con esa excusa, en realidad, van infinitamente más allá de donde la ley no llegó. La chapucería y la manipulación jurídica no puede ser más grosera. Es curioso, porque la resolución del jueves del parlamento yo la suscribiría, porque se limita a decir al Gobierno de España que busque un mecanismo legal. Se han cuidado mucho al respecto.

—El PSOE, con usted como portavoz, se opuso a la sanción de esta ley , en 2010, que se aprobó con los votos de CC y el PP.—Sí, por eso resulta llamativo que ahora aparezca «Paco» Hernández Spínola como el capataz de todo este asunto. Una de dos: o es un ignorante en cosas que no debiera serlo, o ha entrado en el terreno de un cinismo y de una demagogia verdaderamente intolerables. No puede decir que lo que van a hacer es legal, porque es falso.

—Usted ataca la consulta, pero se suma a los que se oponen al petróleo, sin embargo.—Desde el primer momento tuve esa postura, en 2005, en el debate de una moción de CC-PP. La posición del PSOE la fijé yo, como portavoz de Medio Ambiente. Y, por los motivos que fueran, el gobierno de Zapatero se mantuvo en una posición similar a la mía: el Gobierno de España tiene atribuciones constitucionales para decidir en este asunto, pero en mi opinión afecta a competencias muy importantes de Canarias. Y no se puede decidir unilateralmente, sino a través de un principio de colaboración y lealtad institucional. Estoy en contra de la extracción de esos recursos si los hubiera en Canarias. Pero desde el punto de vista de cómo deben tomarse estas decisiones, el Gobierno de España tiene títulos sobrados para decidir en este asunto. En consecuencia, no puede decidirlo solo la sociedad canaria, eso es evidente.

—¿La consulta es ilegal?—La consulta no puede ser legal por una razón democrática: concierne a Canarias, pero también concierne a intereses generales de España, por lo que no se puede decidir a través de un mecanismo de una sola comunidad autónoma. Siento una disconformidad completa por la utilización que está intentando hacer el Gobierno de Canarias de la consulta.