Investigan a dos directivos de Emalsa por un fraude millonario contra su socio francés

Los hechos se remontan a enero de 2010, cuando dos miembros del consejo de administración de Emalsa suscribieron un contrato de opción de compra de un inmueble de 2.500 metros cuadrados en el polígono industrial Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria, al precio de 5.360.000 euros . El contrato estipula que el vendedor, una conocida empresa de seguridad canaria, está de acuerdo en fijar una opción de compra cuya prima se establece en 2.680.000 euros (la mitad del precio de compra) pagados, a más tardar, el 15 de junio de 2010 y el resto junto con el acto de venta, a concretarse a más tardar el 15 de enero de 2011. En el caso de que no se ejecutase la opción, Emalsa perdería la prima en favor del vendedor, estipulaba el contrato. Este acto se celebró bajo escritura privada, «pese a que en España -al igual que en Francia- para este nivel de asuntos se acostumbra recurrir a un notario» , señala la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC.

La financiación se realizó a través de dos transferencias, el 21 y el 22 de abril de 2010, aproximadamente por la mitad del valor de la prima cada una de ellas, hechas por Emalsa y por Saur a la cuenta de Sercanarias -empresa asociada a Emalsa- , que emitió el cheque el mismo día en que se recibió la segunda transferencia. El talón, por importe de 2.814.000, cubrió la prima, una vez sumado el IGIC. La denuncia llama la atención sobre el hecho de que el pago de la prima se haya concretado el mismo día en que se recibió la segunda transferencia, de parte de Saur. «Por lo tanto, no podía tratarse de otra cosa que de una operación bien identificada», afirma, antes de recordar que al llegar el 15 de enero de 2011 la venta no se había concretado.

Todo parece indicar la existencia de un segundo documento, una enmienda a la opción de compra, que extendería hasta el 15 de enero de 2016 la opción de compra, pero con una disminución concomitante de su valor en cinco anualides. De esta manera, si en definitiva la operación se realizaba, el valor de la opción «sería igual a cero» y debería abonarse la totalidad del precio fijado. Según la denuncia, este mecanismo se explica solo de una manera: permitir disimular a lo largo de cinco años , en las cuentas sociales, el desvío de fondos en perjuicio de Saur realizado en abril de 2010.

Como notable agravante, la denuncia además aporta dos tasaciones independientes, a cargo de profesionales canarios, del inmueble que no llegan ni a la quinta parte del valor fijado en la operación. Una de ellas lo valora en 800.000 euros y la otra en 950.000.

Toda la operación se ajusta «claramente a un uso de los fondos de Saur contrario a los intereses de esta sociedad» , indica la denuncia, que podría derivar en breve en la citación judicial de estos dos directivos por parte de un juzgado de Madrid.

La denuncia adjunta copias del contrato de opción de compra, de los movimientos de cuenta que certifican la operación, del cheque por 2.814.000 euros, la factura de la empresa propietaria del inmueble, las dos tasaciones y otros documentos de la sociedad denunciante.