El juez del «caso Plaza» llama a declarar a la cúpula de esta sociedad del Gobierno de Iglesias

La próxima semana tendrán que comparecer ante el juez, en calidad de testigos, las 28 personas que formaron parte del consejo de administración de esta empresa que arrastra multimillonarias pérdidas y una crítica deuda financiera.

El auto en el que les cita ha declarar ha sido dictado por el juez Francisco Picazo, que instruye el denominado «caso naves», el pago de sobreprecios injustificados de más de 15 millones de euros a una constructora del dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, por parte de Plaza S.A., empresa pública que le adjudicó la construcción de varias naves empresariales en la Plataforma Logística. Se le adjudicaron las obras por poco más de 14 millones de euros, pero le acabaron pagando más de 32 millones. Según el juez, las liquidaciones fueron infladas de forma artificial, porque de los más de 17 millones de sobreprecio solo estarían justificados realmente 3,5 millones. El resto, más de 14 millones, se le habrían abonado de forma anómala a esta empresa de Agapito Iglesias, figura estrechamente relacionada con la cúpula socialista que controló el Gobierno aragonés desde el verano de 1999 hasta julio de 2011.

Entre los que han sido llamados a declarar figuran varios exconsejeros socialistas del Ejecutivo autónomo que presidía Marcelino Iglesias, actual portavoz del PSOE en el Senado. Se trata de Javier Velasco y Alfonso Vicente, que estuvieron al frente de la Consejería de Obras Públicas; y Eduardo Bandrés, que fue consejero de Economía del Gobierno regional y que tras dejar este cargo fue «fichado» por Agapito Iglesias como presidente del Real Zaragoza. Asimismo, deberá comparecer Andrés Cuartero, cuñado de Marcelino Iglesias, que también fue consejero en Plaza.

También han sido llamados a declarar varios altos cargos políticos del Ejecutivo autónomo durante la etapa de gobiernos PSOE-PAR y del Ayuntamiento de Zaragoza. Todos ellos porque ocuparon asiento como consejeros de administración de Plaza S.A. entre 2005 y 2010, años a los que se remontan los hechos que se investigan por el «caso naves». Se trata del dirigente del PAR Alfredo Boné, que fue consejero autonómico de Medio Ambiente y dirigente del PAR; de varios exconcejales del Ayuntamiento de Zaragoza que dirige el socialista Juan Alberto Belloch; y de quien actualmente es vicealcalde zaragozano y el «hombre de confianza» de Belloch, Fernando Gimeno.

Por esta causa ya está imputado otro exalto cargo de Marcelino Iglesias, de su más íntimo círculo de confianza, el ex viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, a su vez marido de la diputada regional Eva Almunia, quien fue secretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y que fue la designada por Marcelino Iglesias para sucederle como candidata al Gobierno aragonés en las elecciones autonómicas de 2011.

En la lista de los 28 que han sido llamados a declarar figuran también directivos de entidades financieras y ejecutivos que prestaron relevantes servicios de asesoría y control en Plaza S.A., entre los que figura quien acutalmente es consejero de Economía del Ejecutivo de Rudi, Francisco Bono, quien por entonces era consejero de administración en esa sociedad pública en representación de Ibercaja.

El juez Picazo es el único que hasta la fecha ha llamado a declarar a la cúpula de Plaza S.A. en los años en los que se investigan causas de presunta corrupción multimillonaria en esa sociedad pública. Sus pasos los podría seguir también el magistrado que, por otra parte, instruye otra causa todavía de mayor calibre, el conocido como «caso Plaza».

Se trata de un entramado de facturas falsas, pagos por servicios u obras nunca realizados, desfases injustificados e irregularidades en contrataciones y subcontrataciones, con las que supuestamente se habrían desviado unos 100 millones de euros de fondos públicos a través de esta empresa del Gobierno aragonés. Por esta otra causa hay imputadas varias personas, entre ellas dos directivos de la constructora Acciona, el exgerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril, y varios altos directivos de esa sociedad pública.