La trama de corrupción en la Plataforma Logística de Zaragoza suma ya 5 casos judiciales y 12 imputados

La investigación afecta al marido de la exsecretaria de Estado de Educación con el Gobierno de Zapatero, Eva Almunia. Su esposo, Carlos Escó, fue consejero delegado de Plaza, nombrado por el Ejecutivo de Iglesias, del que antes había sido miembro como viceconsejero de Obras Públicas. Es uno de los imputados por supuesta prevaricación, al haberse pagado sobreprecios presuntamente irregulares a una constructora por importe de más de tres millones de euros. Por este caso están imputados también otro de los altos directivos nombrados por el Gobierno de Iglesias: Santiago Coello, que estuvo al frente de la Corporación Pública Empresarial del Gobierno aragonés y fue designado también como persona de confianza del PSOE en el entramado de empresas públicas de Plaza, en concreto como administrador mancomunado de la sociedad anexa Plaza Desarrollos Logísticos (PDL). Asimismo está imputada Pilar Valdivia, que fue alta ejecutiva en la Corporación Pública Empresarial y relevó a Coello como administradora en Plaza Desarrollos Logísticos. En esta misma causa figura como imputado el exdirector financiero de Plaza, que por un tiempo fue también administrador en PDL, Pedro Colás.

En total, por tanto, por este caso de sobreprecios irregulares están implicados cuatro ex-altos cargos políticos y directivos de la mayor empresa urbanística que promovió el Gobierno de Marcelino Iglesias con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza que preside el también socialista Juan Alberto Belloch. Esta sociedad que absorvió cientos de millones de euros de fondos públicos y que acabó al borde de la quiebra, con ruinosas pérdidas y una deuda con bancos que ronda actualmente los cien millones de euros y que es la que mantiene a flote la compañía pública para evitar que se hunda y sus abultados números rojos comprometan directamente a las arcas de la Comunidad autónoma.

Pero además de este caso, en los juzgados hay otros cuatro más en curso por manejos sospechosos en Plaza, en todos los casos afectando directamente a cifras multimillonarias de fondos públicos desviados de forma presuntamente irregular a través de un entramado de contratas, subcontratas, relaciones cruzadas entre sociedades, facturas falseadas y obras o servicios abonados pero no realizados realmente.

En otro de los casos están imputados el exgerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril, directivo nombrado igualmente con el visto bueno del PSOE y considerado del círculo de confianza de los socialistas, que desde el Gobierno aragonés controlaron directamente la Plataforma Logística. La presentaron en todo momento como el «proyecto estrella» en materia de infraestructura empresarial de Aragón.

En este otro caso, que investiga delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Están imputados, además de Ricardo García Becerril, sus dos hijas. Ambas crearon una sociedad que regenta una guardería en la propia Plataforma Logística y que, curiosamente, también funcionó como consultora de estudios económicos y de ingeniería. Esto pese a que no tuvo empleados, sus dos únicas miembros eran las hermanas, y ninguna de ellas tiene formación en este campo, lo que no les impidió llegar a facturar hasta un millón de euros por trabajos de consultoría. En la lista de gastos de empresa abundan adquisiciones de joyas, coches y hasta un yate. Además de Becerril y sus hijas, por este caso están imputados también un empresario amigo de la familia, el aparejador Ángel Cantero Molés, que tanto facturó por servicios prestados a las contrtas de Plaza como se encargó, presuntamente, de intermediar para que se hicieran costosas reformas en casas de la familia García Becerril. Según la investigación, estas obras las acabaron pagando constructoras a las que Plaza adjudicó contratos. Dos directivos de dicha contrata, un ingeniero que trabajó y otro exejecutivo de Plaza están igualmente imputados.

Además hay en curso otras tres causas judiciales más por irregularidades en el trasiego de fondos públicos de Plaza, que apuntan, entre otros, al dueño del Real Zaragoza y de la constructora Codesport, Agapito Iglesias. Pese a su apellido, no tiene vínculo familiar alguno con el expresidente aragonés Marcelino Iglesias, pero sí que hubo una muy estrecha relación entre el dueño del Real Zaragoza y el Gobierno que presidió el actual portavoz del PSOE en el Senado. Estrechos vínculos que se extendieron por varios frentes: ventajosos tratos entre la constructora de Agapito Iglesias y la Plataforma Logística; y acuerdos económicos igualmente ventajosos entre el Gobierno aragonés y el Real Zaragoza, en alguno de los cuales apareció también como intermediaria la radiotelevisión pública aragonesa.

El actual Gobierno de Rudi denunció hace meses ante los juzgados el abono de supuestos sobreprecios irregulares desde Plaza a las empresas de Agapito Iglesias por valor de 15 millones de euros. Y, además, otro juzgado investiga otros pagos que Plaza realizó a Codesport muy por encima de los precios que se habían marcado por obras que se le habían adjudicado desde la Plataforma Logística. En concreto, otros 17 millones de más: el contrato se le había adjudicado por 14,52 millones de euros, sin posibilidad de revisión, pero se le acabaron pagando 32,34 millones. Es decir, más del doble.