Una nueva huelga de hambre pone en jaque al Gobierno de Chávez

Alves Félix se encadenó a las puertas de su hacienda, de 2,7 hectáreas, situado en la zona industrial del valle de Mozanga en el estado Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas, para evitar que el gobierno le quite su propiedad.

Al Jornal de Noticias de Portugal le señaló: “Me declaro en huelga de hambre y le pido al gobierno portugués para que interceda ante el gobierno de Venezuela, que cumplan con las leyes y la Constitución de Venezuela y de respetar la propiedad privada”.

El huelguista de 59 años nació en Vila Franca de Xira en Portugal y emigró hace 26 años a Venezuela. De profesión, es metalúrgico e industrial.

Dijo que hace cuatro meses su propiedad fue amenazada por invasores, lo que le llevó a realizar, sin éxito, la diligencia debida y acciones legales en diversas instituciones e incluso una acción penal contra un grupo de atacantes.

En el Instituto Nacional de Tierras, Inti, no le han querido recibir los documentos de su propiedad, la que se la van a confiscar. “Fui al Inti el viernes pasado. Según testigos allí presentes la directora del departamento jurídico, Ariadna Jiménez, le dijo “que si era necesario, pasarían por encima de mi cadáver”.

Por esa razón el empresario afectado se ha mantenido durante varios días dentro de su propiedad para evitar que se la quiten porque lo amenazaron con “si te vas, los invasores vendrán aquí”.

“Pretendo que se respete la dignidad, se acabe el oportunismo y la expropiación de tierras”, dijo a la agencia Noticias 24. Añadió que sus cobertizos no están totalmente concluidos pero eso no es motivo para que se la expropien.

Señaló que el Inti alega “el rescate de tierras” para la confiscación de sus terrenos. Afirmó que se ha presentado cuatro veces al instituto de tierras y le han rechazado sus documentos de propiedad.

Reconoció su semejanza con el caso del productor Franklin Brito que murió la semana pasada por reclamar sus derechos, sin embargo, expresó su esperanza por “una pronta solución positiva” y recalcó que su decisión “no es política sino de derechos humanos, sólo para hacer respetar las leyes nacionales”.