El Tribunal Supremo de Brasil anuncia las primeras condenas por el asalto a las sedes de los Tres Poderes

En decisiones prácticamente unánimes, La Corte Suprema condenó a penas que varían entre 14 y 17 años de prisión a los reos Aecio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar y Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que están detenidos desde enero. El cuarto a ser juzgado en este primer grupo será Moacir José dos Santos.

El primero de los condenados, Aécio Lúcio Costa Pereira, es un militante bolsonarista, de 51 años, del municipio de Diadema, en la Gran São Paulo. Pereira fue condenado a 17 años de prisión por cinco delitos: asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños cualificados y deterioro del patrimonio público.

Siete de los magistrados votaron por las condenas por esos cinco delitos, apoyando el voto del relator, Alexandre de Moraes. Los dos jueces designados por el expresidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, votaron a favor de la condena por sólo dos delitos: daños cualificados y deterioro del patrimonio, mientras el magistrado Luís Roberto Barroso votó a favor de absolverles del delito de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Así como los demás condenados, Matheus Lima de Carvalho, el tercero de ellos, fue arrestado en el día y en la zona de los ataques. Carvalho fue detenido después de salir del Congreso, portando un arma blanca. Entre las pruebas para su condena fueron presentados mensajes telefónicos a familiares que le muestran partidario a la intervención militar y a un golpe de Estado contra el actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los argumentos de los abogados de defensa, con narrativas consideradas más políticas que técnicas, fueron rebatidos punto por punto por los magistrados con argumentos claros contra tesis antidemocráticas.

Los condenados, además, deberán pagar de forma conjunta, con otros investigados, la suma de 30 millones de reales (cerca de 6 millones de euros) como indemnización por depredar las sedes de los Tres Poderes. Según estudios de la Defensoría del Estado, solo los daños a sede de la Corte Suprema, están estimados en 11 millones de reales (unos 2 millones de euros).

Desde el comienzo de las investigaciones, hace nueve meses, al menos 1.300 investigados se han convertido en acusados. En agosto, el juez Alexandre de Moraes autorizó a la Fiscalía a proponer acuerdos de no persecución penal para cerca de mil investigados arrestados el día de los ataques. La mayoría de ellos acampaba frente al cuartel del Ejército en Brasilia, de donde salieron los manifestantes que participaron del asalto, pero no participaron en los actos de vandalismo.

Cada acusado está siendo juzgado de manera individual. La mayoría de ellos enfrentan cargos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación delictiva armada y daño a la propiedad pública con el uso de sustancias inflamables. En total, las penas pueden sumar hasta 30 años de prisión.

Los acuerdos para acusados de delitos sin violencia o grave amenaza, con penas mínimas de cuatro años, permiten la confesión de los delitos a cambio de medidas alternativas a la prisión, como la reparación de los daños, la devolución de los bienes obtenidos ilegalmente, el pago de multas y servicios comunitarios.

Paralelamente a estos procesos, el expresidente Bolsonaro viene siendo investigado como agente estimulador de su militancia fanática, pero también por crímenes que habrían sido realizados a lo largo de sus cuatro años de Gobierno (2019-22). Su exasesor, el teniente coronel Mauro Cid, ha negociado un acuerdo con la justicia para revelar crímenes que pueden llevar al expresidente a la prisión.