El Supremo de Bolivia anula la condena a la expresidenta Jeanine Áñez y ordena su puesta en libertad

Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de protestas y una crisis institucional derivada de las denuncias de fraude electoral. Su gobierno de transición duró once meses, hasta las elecciones de 2020, en las que resultó electo Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS).

Fue detenida en marzo de 2021, cuando se encontraba en Trinidad (Beni), y trasladada a La Paz, donde fue recluida en el penal de Miraflores. En junio de 2022, un tribunal la condenó a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, bajo el argumento de que asumió el mando del país de forma irregular.

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Ahora el fallo se sustenta en una revisión extraordinaria de sentencia presentada por la defensa de Áñez, que alegaba vulneraciones al debido proceso y a las garantías constitucionales. «Hoy tiene que recuperar su libertad», sostuvo el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

Áñez fue procesada en la Justicia ordinaria, pese a su condición de exjefa de Estado, cuando los delitos imputados deberían haberse ventilado en la vía de juicio de responsabilidades, reservada para exautoridades. El fallo de esta jornada corrige esa irregularidad, según el TSJ, y se enmarca en un conjunto de medidas que el máximo tribunal ha venido adoptando desde agosto para revisar los plazos de detención preventiva de los principales procesados por los hechos de 2019, entre ellos los opositores a Evo Morales, el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.

Tras confirmarse la nulidad, la exmandataria se pronunció a través de sus redes sociales: «Después de cuatro años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación», sostuvo. También salió a una de las ventanas de la cárcel de Miraflores y saludó a personas que esperan su liberación.

En Bolivia interpretan la decisión del TSJ como un gesto de distanciamiento institucional respecto al poder político saliente, aunque el presidente del Tribunal de Justicia negó cualquier motivación política.

El analista Marcelo Silva sostuvo que la resolución «demuestra que Jeanine Áñez fue víctima de un proceso injusto» y que la Justicia boliviana podría mostrar «servilismo al poder de turno». Áñez mantiene aún otros procesos abiertos, la mayoría derivados al TSJ para su tramitación como juicios de responsabilidades.

La anulación de la condena de Áñez se conoció el mismo día en que Rodrigo Paz y Edmand Lara recibieron sus credenciales como nuevas autoridades electas, un hecho podría reflejar la transición de un gobierno de izquierda a una etapa de centro derecha

Hasta el mediodía del miércoles, Áñez permanecía recluida en el penal de Miraflores, a la espera de que el juez de ejecución penal de La Paz emitiera la orden formal de liberación. Familiares y dirigentes opositores anunciaron que acudirán al penal para acompañar su salida.

Mientras tanto, el gobierno saliente de Luis Arce se prepara para dejar el poder este sábado, tras un mandato marcado por la crisis económica y la pérdida de apoyo político. El nuevo presidente, Rodrigo Paz, ha prometido «reconstruir la institucionalidad» y «restaurar la confianza ciudadana en el Estado».

Jeanine Áñez fue detenida de forma preventiva en marzo de 2021 en una prisión de la capital boliviana por el 'caso Golpe de Estado I' y en 2022 fue sentenciada a diez años de prisión por el 'caso Golpe de Estado II', por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019.

Los hechos por los que fue condenada se enmarcan en los conflictos que siguieron a las elecciones de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció al cargo el 10 de noviembre, en medio de una fuerte convulsión social y política por la denuncia de un supuesto fraude electoral.

Áñez fue condenada por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en noviembre de 2019 y de todo su gabinete.

En ese momento, Morales denunció ser víctima de un «golpe de Estado», tras varios días de protestas sociales en el país entre denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, en los casos conocidos como 'Senkata' y 'Sacaba', que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades, informa Efe.

Un juicio de responsabilidades debe conocerlo el Legislativo de Bolivia, ente que primero debe aprobarlo y luego trasladarlo al TSJ para que este juzgue el caso para emitir una sentencia.

La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos miembros del Estado como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales.