Schröder, socio de Putin, demanda al Bundestag por quitarle sus privilegios como excanciller

Su abogado de Hannover, Michael Nagel, ha presentado la demanda correspondiente ante el tribunal administrativo de Berlín. La decisión de la Comisión Presupuestaria del Bundestag de recortar los fondos de Schröder y suspender la oficina es ilegal, según el comunicado que ha publicado el despacho.

Noticia Relacionada

Schröder pide una «solución negociada» tras reunirse con Putin en Moscú

Rosalía Sánchez

El excanciller alemán ha sido severamente criticado por sus estrechos vínculos con Putin y por seguir manteniendo contacto con el Kremlin incluso después del inicio de la guerra

Tal decisión fue justificada «afirmando que el ex canciller federal Gerhard Schröder ya no asume las denominadas en la ley como secuelas de los deberes oficiales, para las que se asigna ese presupuesto. Sin embargo, no se especifica cuáles son en realidad los 'deberes oficiales a largo plazo', cómo se determinará su percepción o no percepción y qué procedimiento se seguirá de otro modo», continúa el texto.

Nagel, uno de los más renombrados penalistas de Alemania, señala además que la decisión «lleva escrito en la frente que la motivación de esa decisión del comité presupuestario fue otra», sin citar las lucrativas relaciones personales y profesionales que Schröder mantiene con Vladímir Putin, que incluyen su presencia en los órganos de dirección de dos gigantes energéticos rusos como Gazprom y Rosfnet y que han convertido al excanciller en el hombre de Putin en Alemania.

Este papel de Schröder ha incomodado enormemente tanto a políticos de su propio partido como al resto del arco parlamentario y ese malestar se tradujo en la rescisión de la financiación de su oficina, que solo el año pasado costó más de 400.000 euros en gastos de personal. Schröder sigue recibiendo su pensión de 8.300 euros mensuales como ex canciller de Alemania y el Estado se encarga además de pagar su servicio de seguridad personal, pero tras la invasión rusa de Ucrania varios de los empleados de su oficina en el parlamento presentaron su dimisión y el Bundestag decidió finalmente cerrarla.

En ese momento aceptó la decisión como «lógica» y asintió en que no le causaba gran extorsión, dado que cobra de Gazprom y Rosfnet 250.000 y 600.000 euros anuales respectivamente. Pero después de que el comité de arbitraje del SPD rechazase el lunes su expulsión del partido ha cambiado de idea y ha decidido recurrir a los tribunales.