El líder de la extrema derecha de Austria pierde su inmunidad parlamentaria

En algún momento ha llegado a fantasear con la posibilidad de que se repitan elecciones si fracasan las prolongadas negociaciones para la complicada coalición en ciernes, tres partidos cuyo único objetivo en común es impedir que la formación de extrema derecha, antieuropea y prorrusa Partido de la Libertad (FPÖ) ponga un pie en la Ballhausplatz. Pero una decisión del Consejo Nacional amenaza ahora con impedir que Herbert Kickl no sólo no pueda gobernar en esta legislatura, sino que quede inhabilitado para siempre. Ha sido retirada la inmunidad parlamentaria, tanto a Kickl como a los diputados del FPÖ Martin Graf, Harald Stefan y Norbert Nemeth. Todos los partidos, excepto el propio FPÖ, han votado esta medida.

La Fiscalía Económica y Anticorrupción (WKStA) quiere investigar a Kickl bajo sospecha de haber hecho declaraciones falsas ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el «abuso de poder rojo-azul» el pasado mes de abril. El caso se investiga sobre la base de una declaración de hechos que el exdiputado del ÖVP, Andreas Hanger, presentó ante la Fiscalía de Viena al pasado 26 de julio. Acusaba a Kickl de haber mentido reiteradamente durante su comparecencia el 11 de abril, en sus declaraciones sobre la agencia de publicidad de Klagenfurt 'Ideenschimiede' y sobre su relación como minsitro de Interior con el exdiputado del FPÖ Hans-Jörg Jenewien.

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La Fiscalía de Viena asignó el caso el 26 de agosto a la WKStA, que solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para proceder a la investigación. La comisión de investigación sobre el «abuso de poder rojo-azul», una iniciativa del Partido Popular de Austria (ÖVP), se ocupó casi exclusivamente del tiempo del FPÖ en el gobierno, como socio menor de la coalición con los conservadores de Sebastian Kurz, e incluyó la asignación de anuncios de televisión y prensa por parte de los ministerios del FPÖ a los medios de comunicación de línea editorial de derecha, además de la orden de registro de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución y la Lucha contra el Terrorismo (BVT) y los miles de millones enterrados en la reforma del seguro de salud. El secretario general del FPÖ, Christian Hafenecker, calificó entonces de «inconstitucional» el trabajo de esta comisión y criticó a SPÖ y NEOS por haber participado en ella. Sospechaba que había un «acuerdo» oculto entre estos dos partidos para perjudicar al FPÖ.

Estos mismos argumentos se han vuelto a escuchar en el debate sobre la retirada de la inmunidad en el Consejo Nacional. El representante del FPÖ, Christian Ragger recurrió a detalles legales para argumentar por qué su partido se negaba a aprobar la solicitud: Herbert Kickl había comparecido como presidente del partido y parlamentario en el interrogatorio en la comisión de investigación, convertida en «un tribunal político».

Para Christoph Zarits, del ÖVP, la acusación contra Kickl es «muy grave», en referencia a las discrepancias entre las declaraciones del presidente del FPÖ ante la comisión y en otras declaraciones. Respondió además que Kickl no había sido interrogado como informante por su tiempo como miembro del Parlamento, sino por el tiempo como ministro de Interior, «por lo tanto, la protección de la inmunidad no se aplica en este caso».

La representante del SPÖ, Selma Yildirim, enfatizó por su parte que el comité de inmunidad no «decide sobre el fondo de si hubo un acto criminal», sino solo si se le ha dado a la Fiscalía la oportunidad de investigar. «Cualquiera que tenga la conciencia tranquila debería estar contento de que haya una investigación», mostró su escepticismo sobre las protestas del FPÖ.

En paralelo a la evolución de la situación legal de Kickl, las negociaciones entre ÖVP, SPÖ y Neos terminan esta semana con rumores de avances para los liberales y acuerdos sobre el túnel Lobau de Viena, menos contribución para a radiotelevisión pública ORF y un «pacto de integración», pero sigue sin haber acuerdo entre los tres partidos en el apartado presupuestario. El Tribunal de cuentas, además, ha presentado acusaciones contra miembros del ÖVP y del SPÖ que podrían saldarse con multas por los contenidos políticos de sus cuentas en redes sociales. Considera que existe un conflicto de intereses en la falta de separación de esferas entre las actividades de una oficina gubernamental, por un lado, y las actividades personales o partidistas por otro, de un miembro del gobierno. «Una mezcla de recursos públicos y de recursos de un partido político podría constituir donaciones inadmisibles bajo la Ley de Partidos Políticos», dice el informe.