La Justicia argentina declara inconstitucional la reforma laboral impulsada por Milei

La sentencia, que representa un fracaso en la reforma laboral que busca poner en marcha el presidente, ha sido firmada por los jueces de la sala de Feria en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que la semana pasada llevó a cabo una huelga y manifestación en el Congreso argentino. «No puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial», consideró la cámara.

Los firmantes, Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera, opinaron que «las circunstancias suscitadas con posterioridad a la publicación del decreto indican que, a su respecto, el proceso de intervención de los poderes políticos no habría avanzado con la premura que requería».

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EFE

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Por otro lado, plantearon reparos el carácter de «urgente» del DNU del mandatario «de acuerdo con la situación que parecía indicar el contexto social, político y económico existente a la asunción del actual gobierno». Los artículos invalidados estipulaban modificaciones en la manera de establecer contratos y limitaban el poder de gremios y sindicatos.

La noticia dada a conocer este martes añade un capítulo más a los frenos que la Justicia ha colocado a los intentos de reforma de Milei. El presidente, que en apenas un mes y medio ha puesto en marcha un Decreto de Necesidad y Urgencia y busca obtener facultades especiales –que le permitan sacar leyes sin tener que pasar por el Congreso- a través de la Ley Ómnibus, se ha topado con varias trabas a la hora de implementar los cambios que desea.

A comienzos de esta semana, el lunes, la Justicia había suspendido la derogación de la Ley de Tierras después de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), en la que se expuso que «al derogarla, libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no solo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces».