El Gobierno de Trump ha deportado a inmigrantes a Sudán del Sur, contra una orden judicial, según sus abogados

Se trata de al menos una docena de personas de varios países, incluidos Birmania y Vietnam. Sus abogados interpusieron una petición de urgencia para que el Gobierno devuelva a los expulsados a EE.UU. desde Sudán del Sur, un país africano, tomado por la pobreza y la violencia, a donde el Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a toda costa.

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Los abogados interpusieron su escrito ante un juez federal de Boston, Brian Murphy, que ya había advertido con anterioridad a la Administración Trump que no podían ejecutar deportaciones a terceros países sin dar un aviso con una anticipación «significativa» a su defensa y sin la posibilidad de que expongan su preocupación por ser sometidos a situaciones de tortura o persecución.

Al parecer, el Gobierno hizo caso omiso de estas órdenes. Según sus abogados, recibieron el aviso de la deportación al país africano el lunes por la noche y el martes por la mañana los afectados ya fueron embarcados en un vuelo que despegó desde Texas.

Este juez ya había intervenido en un caso anterior en el que la Administración Trump ya buscó enviar a inmigrantes a otro país conflictivo e inestable, Libia. Entonces, avisó que una deportación rápida a un país como LIbia violaría «con claridad» sus instrucciones.

Uno de los afectados por el vuelo a Sudán del Sur, que es birmano, estaba en la lista de los inmigrantes que iban a ser enviados a Libia.

La deportación a Sudán del Sur ocurre dos meses después de otra de las grandes controversias de la Administración Trump: la deportación expedita a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador de venezolanos sospechosos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Como ha ocurrido ahora, un juez exigió a la Administración Trump que los vuelos regresaran a EE.UU., a lo que el Gobierno hizo caso omiso.

Las deportaciones agresivas de Trump han provocado la intervención del Tribunal Supremo, que ha exigido que los afectados tengan oportunidad de contestar su expulsión ante la justicia.