El Gobierno de López Obrador acumula más de 44.000 desaparecidos, que suman una cifra total de 112.000

El Estado de México, Jalisco y Tamaulipas son las tres entidades que acumulan la mayor cantidad de casos de personas no localizadas

Secuestran a siete jóvenes de entre 14 y 18 años en el estado mexicano de Zacatecas

Maestros, organizaciones y ciudadanos marchan por la paz en estado mexicano de Chiapas EFE

Milton Merlo

Ciudad de México

Oficialmente en México hay más de 112.000 personas desaparecidas. La cifra en sí misma genera debate. Activistas y académicos dedicados a la problemática alegan que es incorrecta y que el número debe ser al menos el doble. El presidente Andrés Manuel López ... Obrador también se encuentra entre los objetores, pero por el motivo inverso: asegura que el indicador, vinculado a actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas o la extorsión, es más bajo y ha emprendido un plan para intentar demostrarlo.

La polémica ganó protagonismo el mes pasado en una de las habituales conferencias matutinas del presidente. «Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente, cuando somos respetuosos con los derechos humanos», expresó.

López Obrador entiende que el número de desaparecidos es menor porque su Gobierno ha encontrado a personas que estaban en esa condición y, según el presidente, esos avances no se ven reflejados en la estadística elaborada por Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Apoyos sociales

El presidente ha ordenado la intervención de ese indicador y para tal fin limitó la acción sobre el mismo que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), encargada de validar cuándo una persona desaparecida es localizada. Por este motivo se dio la renuncia de la titular de dicha comisión, Karla Quintana. Y es que cuando un caso abandona el indicador automáticamente significa que el Estado mexicano ya no busca a la persona en cuestión.

El Ejecutivo de López Obrador le encargó la tarea a funcionarios que responden a la Secretaría de Seguridad Pública -controlada indirectamente por las Fuerzas Armadas- y a la Secretaría del Bienestar, encargada de repartir los apoyos sociales que son la insignia del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los funcionarios de la Secretaría de Bienestar acuden a las casas de las familias de los desaparecidos y allí preguntan si la persona en cuestión sigue sin ser localizada, lo cual, en diversos casos, deriva en situaciones de revictimización.

Ante este panorama, Quintana no aceptó la intromisión de los emisarios del presidente y renunció al cargo por entender que el censo sería manipulado. «La intención que se tiene con este ejercicio no es ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas, la intención es reducir el número de personas con fines políticos», expresó la extitular de la CNB.

Dato molesto para AMLO

El Estado de México, Jalisco y Tamaulipas son las tres entidades que acumulan la mayor cantidad de casos de personas no localizadas. Durante la administración actual de Morena han desaparecido aproximadamente 44.000 personas. Una cifra que supera a los 35.305 casos del gobierno de Enrique Peña Nieto y a los 17.210 del sexenio de Felipe Calderón Un dato molesto para López Obrador.

«La estadística de desaparecidos comienza en los años 60, pero si se considera los casos referidos a la llamada 'guerra sucia', o sea la represión contra guerrillas y grupos de insurgentes que tuvo lugar en el siglo XX, hablamos de algo más de 3.000 mil casos, el grueso del número actual se ha generado en este siglo», señala a ABC el escritor y activista por los Derechos Humanos José Reveles.

El 83% de los casos de personas no localizados tuvieron su origen a partir del 2006 cuando el expresidente Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico. El fenómeno es tan persistente que los casos de desaparecidos irrumpen en la opinión pública mexicana solo cuando tienen algún complemento particularmente macabro. El más reciente fue en agosto, cuando desaparecieron cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Tras la desaparición se difundieron en redes sociales vídeos donde se mostraba a las víctimas siendo torturadas. El caso tuvo impacto nacional y a los pocos días comenzó el malestar de López Obrador con la CNB.

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