El Gobierno argentino, en el ojo de la tormenta por el ingreso al país de un avión sospechoso

El polémico avión, que ingresó a Argentina el pasado mes de febrero, ya había encendido las alarmas en la prensa en marzo, luego de las versiones que indicaban que la aeronave proveniente de Estados Unidos no se había sometido a los controles correspondientes al aterrizar. En este entones, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni –quien resultó ganador en las elecciones legislativas de Buenos Aires-, explicó inmediatamente que «se sometió a todos los controles sin detectarse nada extraño».

Si bien la aduana también negó que hubiera irregularidades, la polémica dio inicio en ese entonces a una investigación interna. A partir de allí, la Justicia solicitó los vídeos de las cámaras del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, además de pedir testimonio a los funcionarios involucrados. De acuerdo con la prensa local, el avión pertenecía al empresario y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Leonardo Scatturice, quien adquirió recientemente la aerolínea de bajo costo Flybondi, y es muy cercano a la Casa Rosada.

En ese momento, una investigación periodística advertía sobre una presunta complicidad de la aduana hacia una pasajera que ingresaba con una decena de maletas. En la prensa argentina comenzaron a circular versiones de posible contrabando.  La viajera en cuestión es Laura Belén Arrieta, quien es miembro de la CPAC.

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En el mes de marzo, la aeronave partía nuevamente. Esta vez, con destino a la ciudad de París. «Dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con la señorita Laura Belén Arrieta», sostuvo el periodista argentino Carlos Pagni, quien añadió: «Aparentemente, llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas». «Una orden de arriba dijo 'no hay que mirar nada acá'», denunció.

El tema había ido perdiendo fuerza en los medios de comunicación locales hasta que este lunes el escándalo cobró dimensiones mayores luego de la difusión de imágenes que desmienten la versión oficial de los hechos. Allí puede verse que la aeronave, que ingresó al aeropuerto el pasado 26 de febrero, no habría sido sometida a los mismos controles que el resto de los pasajeros que aterrizaron en Buenos Aires ese mismo día. Se trata de fotografías que fueron presentadas en las últimas horas por la fiscalía a la Justicia.

De acuerdo con los fiscales, los pasajeros del polémico vuelo no habrían sido sometidos a los controles de equipaje. Además, solo habrían declarado la mitad de su equipaje –apenas cinco maletas de las 10 que llevaron en total-. A su vez, tampoco se habrían realizado registros de control de la aeronave cuando esta se encontraba en el aeropuerto de Buenos Aires.

«Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero... sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje», afirma el dictamen, según informa el medio argentino TN. El mismo documento señala, a continuación, que «esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control». Y concluye que «el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección».

Otra de las irregularidades que menciona la fiscalía tiene que ver con el registro oficial de Migraciones. Allí se indicaría que, tras su paso por argentina, la aeronave se dirigía a Fort Lauderdale (Estados Unidos). Sin embargo, el destino real del vuelo habría sido la ciudad de París, tras hacer una breve escala en el Aeropuerto de Tenerife Sur.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en casos de corrupción. Este lunes el asunto recorrió los principales medios de comunicación locales. Sin embargo, el Gobierno, que en el mes de marzo negaba públicamente los hechos, por el momento guarda silencio.