La Fiscalía polaca quiere convertir la ayuda a inmigrantes ilegales en delito penal

Tres mujeres y dos hombres han sido acusados de prestar ayuda a inmigrantes ilegales, por lo que el equipo fiscal considera que hay complicidad con los traficantes de personas. La primera sentencia es absolutoria, pero no definitiva y será recurrida. El caso pone en evidencia el conflicto entre el derecho humanitario y el derecho de fronteras que se vive a diario en los límites del territorio Schengen.

En marzo de 2022, todavía sin construirse el muro de 5,5 metros de altura con el que Polonia se protege hoy en la región, entraban por docenas y casi a diario grupos de personas indocumentadas con destino a Alemania. Las autoridades polacas habían informado que procedían en su mayoría de Oriente Medio y que eran munición involuntaria de Putin. Empresas rusas promocionan en los países de origen los paquetes de viaje, que incluyen un vuelo en avión hasta Moscú, otro desde allí a Minsk y transporte por tierra hasta la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde los guardias fronterizos bielorrusos los empujaban a cruzar ilegalmente a pie, en una zona boscosa y con muchos pantanos.

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Los acusados brindaron asistencia a uno de estos grupos, una familia kurda iraquí con siete hijos que cruzaba a pie y todavía en pleno invierno el Parque Nacional de Bialowieza, ubicado en la frontera. Les proporcionaron alimentos, agua, ropa de abrigo y después intentaron llevarlos en varios automóviles a la ciudad más cercana. En el proceso, fueron revisados por una patrulla fronteriza polaca, que descubrió a los refugiados en los asientos traseros y que formularon la denuncia. Es bien sabido en la región que el paquete de viaje incluye agentes que están esperando a los grupos en territorio polaco para trasladarlos por carretera hasta Alemania y, aunque los conductores alegaron que se trataba solamente de ayuda humanitaria a una familia necesitada, la policía fronteriza formuló la denuncia.

El Tribunal de Distrito de Hajnówka ha absuelto hoy a los cinco activistas, para los que el fiscal solicitaba un año y cuatro meses de prisión. En su justificación del veredicto, el juez Adam Rodakowski ha presentado un análisis de la disposición en la que se basa la acusación. Se trata del artículo 264a, apartado 1, del Código Penal, que penaliza una situación en la que alguien, con el fin de obtener un beneficio económico o personal, permite o facilita la estancia de otra persona en el territorio de la República de Polonia en contra de la ley. «No hay evidencia de que los acusados hayan logrado ningún beneficio personal o financiero; las regulaciones no pueden interpretarse de tal manera que se trate del beneficio de las personas que han sido ayudadas«, ha justificado el tribunal de Hajnówka la absolución.

La Fiscalía había alegado el beneficio económico que resulta de estos procesos de migración irregulares para las mafias que operan con ellos, pero el juez ha insistido en que, para condenarlos, «el beneficio personal no puede ser para un extranjero o para una persona que cruza la frontera, sino que el beneficio debe ser logrado por el ayudante». La sentencia, de todas formas, no es definitiva y el recurso confía en encontrar tribunales más adheridos a su planteamiento en instancias superiores. El juicio, en todo caso, da que pensar a toda la población polaca en la frontera con Bielorrusia, que a menudo ha prestado ayuda a grupos de personas que llegan a Polonia en condiciones lamentables.

En su declaración final, la fiscal Magdalena Rutyna insistió en que «el hecho de que los extranjeros fueran transportados en el asiento trasero de los coches, escondidos debajo de mantas, sacos de dormir o ropa, indica que los acusados eran plenamente conscientes de que no tenían papeles para permanecer en Polonia y de que se estaba cometiendo un delito». Los activistas se «resistieron deliberadamente a la política migratoria actual» y, por lo tanto, «desestabilizaron la seguridad en la frontera oriental de Polonia».

El abogado defensor Radoslaw Baszuk, por otro lado, recordó a las personas a las que los acusados habían ayudado: «Estamos hablando de una familia kurda iraquí con siete hijos menores que habían soportado durante meses en el bosque fronterizo, hambrientos y en un estado de salud catastrófico, con temperaturas nocturnas cercanas al punto de congelación». »En un estado funcional, las personas habrían sido atendidas, las autoridades habrían sido informadas, y habrían proporcionado procedimientos, protección y atención«, ha protestado Baszuk. Además, ha denunciado durante el juicio que Polonia no se conduce »como un estado normal« en el contexto de la crisis migratoria en la frontera bielorrusa. La familia de refugiados ya había sido rechazada dos veces por los guardias fronterizos polacos, por lo que habían sido devueltos a la fuerza a través de la frontera con Bielorrusia en dos ocasiones.

Por su parte, la acusada Ewa Moroz-Kaczynska ha defendido que «nosotros, la gente de la región, siempre esperábamos que el estado viniera a ayudarnos. Que nos liberaría de la obligación de salvar vidas humanas. Nuestro único crimen ha sido no ser indiferentes al sufrimiento de esas personas».