La Fiscalía de Ecuador señala a un cabecilla de Los Lobos de instigar el asesinato de Villavicencio desde la cárcel

Se considera que Invisible coordinó a los sicarios que atacaron al candidato a las elecciones presidenciales

Ecuador, el país con mayor índice de homicidios en 2023; frente a El Salvador, con la cifra más baja

Ecuador da marcha atrás y descarta enviar armamento a Ucrania a través de EE.UU.

Fernando Villavicencio, el candidato a la Presidencia de Ecuador que fue asesinado reuters

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Un nuevo golpe emocional ha significado para los ecuatorianos conocer que la orden de asesinar al candidato presidencial, Fernando Villavicencio, la habría dado Carlos Edwin A. L., alias Invisible, desde la cárcel de Latacunga, en la sierra central del país. Fue mediante un mensaje ... de WhatsApp. El número usado tiene un prefijo del extranjero.

Se trata del cabecilla de una facción de la banda Los Lobos, uno de los grupos a los que el Gobierno de Daniel Noboa ha calificado de narcoterrorista. Ha sido sentenciado en varias ocasiones por robo agravado y procesado por narcotráfico y tenencia de armas. Invisible habría coordinado con los sicarios, seis colombianos que llegaron a Quito para ejecutar el siniestro plan y a acabar con la vida del candidato.

Ha resultado fundamental la información que los peritos lograron extraer del teléfono que recuperaron cerca de la escena del crimen cuando la Policía hirió al colombiano Johan Catillo López, identificado como el autor de los disparos que acabaron con Villavicencio, mientras trataba de huir. Falleció momentos después en la Unidad de Flagrancia, en el centro norte de Quito, donde fue llevado en lugar de ser conducido a un hospital.

Semanas atrás, en una comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que indaga el crimen de Villavicencio, el director de Investigaciones Policiales, Freddy Sarzosa, ya había identificado a Carlos Edwin A. L., como el «principal mentalizador» del crimen que acabó con la vida del candidato presidencial, el 9 de agosto pasado, tras un acto de campaña, en el coliseo del colegio Anderson, en Quito.

A días de que se cumplan siete meses del magnicidio, al parecer, se han acelerado las investigaciones. Durante la última audiencia un testigo protegido ha declarado que el crimen habría sido «por el control de las cárceles, la rebaja de penas y el manejo de medio Quito». Igualmente habría declarado que quiénes ordenaron tenían «comprado muchos abogados y a todos en la Fiscalía».

Visiblemente consternada, Verónica Araúz, viuda de Villavicencio, dijo que resulta insólito que no les haya importado asesinar a un padre de familia; a un hombre que podía cambiar al país solo por tener el control delincuencial de la ciudad. «Sí debe haber gente poderosa que bien podría en realidad entregar el control de las cárceles y la ciudad», comentó.

También pidió llegar hasta los instigadores; los cerebros del crimen; además, dijo temer que también quiénes ahora están haciendo revelaciones sean eliminados tal como ocurrió con los siete procesados mientras guardaban prisión en una cárcel a cargo del Estado.

A días de que se cumplan siete meses del magnicidio, al parecer, se han acelerado las investigaciones

Narcopolítica

Como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio hizo graves denuncias que mostraron la vinculación de políticos con el crimen organizado y el narcotráfico. Habló de la narcopolítica y dio nombres, incluso de un asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana, quien está hoy siendo procesado por la Justicia.

Varios de los casos que el excandidato presidencial había denunciado también cuando fue periodista de investigación fueron confirmados por la fiscal General del Estado, Diana Salazar, en diciembre cuando destapó el caso Metástasis, por el cual hoy guardan prisión quien fuera ese momento presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmar Terán, y el general de la Policía, Pablo Ramírez, quien dirigía el SNNAI, entidad que administra las cárceles del país, y que también estuvo al frente de la Unidad Antinarcóticos de Ecuador.

Este miércoles, Gastón Toro, abogado de Carlos A.L, alias Invisible, pidió a la fiscal del caso, Ana Hidalgo, que lleva el caso del crimen al excandidato, que disponga investigar a los miembros policiales que se encargaban de la seguridad del candidato presidencial, y también solicitó que sobresean a su cliente de quien dice que es inocente, aunque la Fiscalía de Pichincha lo señala como el «autor mediato».

Artículo solo para suscriptores
Tu suscripción al mejor periodismo
Anual
Un año por 15€
110€ 15€ Después de 1 año, 110€/año
Mensual
5 meses por 1€/mes
10'99€ 1€ Después de 5 meses, 10,99€/mes

Renovación a precio de tarifa vigente | Cancela cuando quieras

Ver comentarios