El Ejército de Chile pide al Gobierno que especifique sus atribuciones para combatir la delincuencia

Estos temas fueron analizados por el presidente Gabriel Boric y los altos mandos este lunes durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), convocado por el mandatario para requerir su opinión sobre la posibilidad de que las FF.AA. tengan presencia en zonas urbanas.

Boric afirmó, al término del encuentro, que todas las instituciones presentes tienen una sola visión frente a este flagelo y «no vamos a ceder jamás frente a los que pretenden arrebatarnos la paz».

«De una estrategia de Gobierno pasaremos a una estrategia de Estado con todas las instituciones involucradas», dijo.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, se produce en el contexto de un alza preocupante de delitos como homicidios violentos, sicariato, secuestro y tortura, que han sido vinculados a la presencia de bandas de crimen organizado nacional y extranjero.

A la reunión asistieron los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI); de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC); la Corte Suprema, Ricardo Blanco; la contralora Dorothy Pérez; los tres comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; el general director de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones. También participaron las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario Manuel Monsalve.

El presidente señaló que ocupará «sin ningún tipo de complejo todas las instancias que me facultan la Constitución y las leyes» en el combate de la delincuencia.

La convocatoria al Cosena no concitó el apoyo del Partido Comunista, que se ha negado permanente a involucrar a los militares en tareas de seguridad. Y también ha sido contrario, junto a otros parlamentarios del Frente Amplio a dictar normas que refuercen las facultades de las policías, creen nuevos tipos penales y aumenten las sanciones a los delitos.

Durante el Cosena se debatió sobre el alcance de dos leyes que están en tramitación en el Congreso -leyes de Inteligencia y sobre infraestructura crítica- y que aún no logran acuerdo entre los sectores políticos. Por el receso legislativo, su discusión se retomará en marzo.

Respecto a la ley sobre ciberseguridad e infraestructura crítica, que fue despachada por el Congreso a mediados de 2022 luego de una serie de tropiezos en su tramitación, el Gobierno ingresó un nuevo texto para que se precise en ella qué se considerará infraestructura crítica (centrales energéticas) y cuáles serán las atribuciones de las FF.AA.

La ministra Carolina Tohá señaló que en la reunión todos hicieron observaciones sobre las condiciones en las cuales las FF.AA. podrían actuar en este ámbito y sostuvo que hay concordancia en que las reglas del uso de la fuerza (RUF) debe tener rango de ley.

Sobre la presencia de FF.AA. en zonas urbanas, la jefa de gabinete manifestó que el trabajo en los barrios, en forma directa con la población, seguirá en manos de las policías, mientras que los efectivos militares podrán dar apoyo en los alrededores.

Pese a que la oposición ha solicitado que se declare en estado de excepción la región Metropolitana por la gravedad de los delitos registrado en las últimas semanas, el Gobierno no avanzó en esa línea.

Las FF.AA. hasta hoy desarrollan dos labores en materia de seguridad, aplicando lo que se conoce como estado de excepción constitucional y la ley de infraestructura crítica, las cuales requieren autorización del Congreso con cierta periodicidad. En la zona de la Araucanía refuerzan el control de los caminos rurales para impedir los atentados terroristas, mientras que en la frontera norte hacen lo propio para impedir el ingreso ilegal de migrantes.

El exsubsecretario de Interior de Michelle Bachelet, Felipe Harboe, ha señalado que no es recomendable enviar a efectivos militares a labores de control de la delincuencia porque la experiencia internacional señala que esto deriva en la corrupción rápida de la tropa por parte del crimen organizado; el aumento del poder de fuego de los delincuentes que buscan equiparar sus armas a la de los militares; y la vulnerabilidad que se abre en materia de violaciones a los derechos humanos considerando que las FF.AA. son instruidas para disparar a matar.

Precisamente este último tema es el que más preocupa a la oposición. El senador Coloma expresó su preocupación de que la participación de las FF.AA. en el combate a la delincuencia se transforme luego, en «un desfile de militares por los tribunales».

El Cosena, institución creada en la Constitución de 1980, fue una de las más resistidas por la oposición al régimen militar. Antes de su primera reforma los miembros civiles y militares estaban empatados por lo que en 1989 se le sumó el contralor. En las reformas de 2005 se le restaron sus mayores facultades: autoconvocarse por dos miembros, «representar» al presidente su opinión y participar en procesos de nominación de otras autoridades. Hoy es un mero órgano asesor que solo puede citar el gobernante.

Precisamente, en los primeros gobiernos democráticos, cuando Pinochet aún era comandante en jefe del Ejército se le citó para resolver temas que incomodaban a las FF.AA. como fue la detención del general en Londres. Después de Lagos, sólo se había reunido tres veces: para analizar fallos internacionales sobre límites fronterizos y el estallido social.