Chile: balance de dos fracasos constitucionales

De esta forma se pone fin a un proceso iniciado en noviembre de 2019, cuando Chile vivía la peor crisis política desde la restauración de la democracia en 1990. Ese mes las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso, acordaron iniciar el primer procedimiento para sustituir la Constitución de 1980.

Se pensaba que aquella crisis tenía relación con el sistema constitucional, lo que hacía imperioso sustituir el texto surgido durante el gobierno del general Pinochet, idea que durante mucho tiempo había sido promovida por buena parte de la izquierda, a pesar de haber sido reformada reiteradamente en democracia. De hecho, la enmienda de 2005 eliminó de manera definitiva los últimos bastiones autoritarios de su versión original, incluida la firma de Pinochet, que pasó a ser sustituida por la del presidente Ricardo Lagos.

En los dos procesos constituyentes la Comisión de Venecia hizo un llamado a la búsqueda de amplios consensos y acuerdos, lo que lamentablemente no se logró. El rechazo ciudadano al proyecto de 2022 se debió, entre otras razones, a que imponía una ruptura total con nuestra tradición constitucional, ya que abría paso a un modelo similar al de países como Bolivia, Ecuador o Venezuela. Además, el plebiscito se transformó también en una especie de referéndum respecto de la gestión del Gobierno. Por su parte, el fracaso del texto plebiscitado el domingo tiene nuevamente entre sus principales causas la falta de acuerdos. Si bien no tenía el carácter refundacional del anterior, el mundo político fue incapaz de generar consensos.

Cabe preguntarse si hay además algún factor común a ambos procesos, que explique su estrepitoso fracaso. No es simple, sobre todo si se considera que durante la campaña previa al plebiscito del domingo, las fuerzas de izquierda cambiaron su discurso respecto de la Constitución vigente, para dar paso a una defensa de ella, ya sin hacer referencia a su origen en dictadura. La respuesta se hace aún más dificultosa si tenemos presente que la derecha elaboró una propuesta que incluyó por primera vez el concepto de estado social, y que incluso aumentó el catálogo de derechos sociales, lo que hasta hace no mucho resultaba inimaginable. Estas contradicciones parecen mostrar que todos los sectores del espectro político leyeron mal la crisis de 2019.

Probablemente su causa esencial nunca fue constitucional, sino política. Pareciera que los acontecimientos de 2019 fueron consecuencia de otros factores, entre los que se cuenta un sistema de partidos fraccionado (21 partidos tienen representación parlamentaria), producto de la reforma de 2017 al sistema electoral. Con ella se puso fin al modelo anterior, el que, a pesar de sus defectos, incentivaba la moderación e hizo posible la estabilidad democrática durante treinta años. En su reemplazo irrumpió un mecanismo proporcional sin limitaciones, que dio paso al protagonismo de partidos basados en defensas identitarias de todo tipo, y a liderazgos políticos surgidos a partir de una supuesta superioridad moral.

Pero sería ciego pensar que esa es la única causa de nuestro fracaso. Debe agregarse la notable ausencia de líderes políticos con sentido de estado, abiertos al diálogo, y capaces de detectar y atender a los intereses y necesidades reales de los ciudadanos. Los problemas que aquejan a los chilenos son el preocupante aumento de la delincuencia organizada y del narcotráfico, el prácticamente nulo crecimiento económico, la inmigración descontrolada, los inexistentes avances en las necesarias reformas a los sistemas de salud y de pensiones, y la atomización del sistema de partidos. Se trata de problemas que el mundo político ha sido incapaz de abordar adecuadamente, y cuya raíz no es constitucional.

Han pasado cuatro años desde el comienzo del primer proceso constitucional, y hemos recorrido un largo y costoso camino que nos ha conducido de vuelta a la Constitución vigente, la que paradójicamente sale fortalecida y legitimada. Las soluciones a nuestros problemas pasan por un profundo cambio en los diversos sectores políticos, que deben asumir que las mayorías son circunstanciales, y que los consensos no son una traición a la democracia representativa ni a sus electores, sino más bien una exigencia de bien común. Es la conclusión a la que puede llegarse después de los resultados de ambos plebiscitos.