Cadáveres descuartizados, ataques con granadas a policías... Chile se estremece por el aumento del crimen organizado

La crisis de seguridad motivó que el presidente Gabriel Boric convocara para el lunes 5 al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que reúne a los presidentes del Senado, Cámara y Corte Suprema, al contralor y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el propósito de analizar el tema. «Derrotar la delincuencia, los delitos violentos, el narco y la proliferación de las armas de fuego, quiero que todos lo sepan y lo tengan muy claro, es una prioridad para mi Gobierno», afirmó el mandatario.

Las autoridades administrativas y policiales han debido reconocer que la aparición de delitos como secuestros, sicariato, extorsiones, tortura y asesinatos ejemplificadores, podrían estar vinculados al aumento de la inmigración y la introducción en el país de bandas criminales, muchas de ellas ecuatorianas, colombianas y venezolanas como el Tren de Aragua y Los Gallegos, presentes en varios países.

Parlamentarios de todos los sectores y alcaldes han reclamado que el Gobierno declare «estado de excepción constitucional» en Santiago y otras comunas para posibilitar que las Fuerzas Armadas se sumen a las labores de seguridad, pero hasta el momento la autoridad no se ha allanado a ello.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha acusado el golpe. Duramente criticada por la oposición, la última encuesta Cadem registró una caída de 38 puntos de su popularidad, alzándose como la autoridad peor evaluada. Intenta sortear el mal momento concentrada en conseguir la tramitación, en el Congreso, de una serie de normativas destinadas a combatir la delincuencia. El año pasado entró en vigencia la ley que tipifica el crimen organizado y hace pocos días se promulgó la norma que crea la Fiscalía Supraterritorial que permitirá contar con fiscales sin fronteras regionales para investigar estos delitos.

En tanto, la Fiscalía Nacional creó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a fines de 2023. Su fiscal al cargo, Héctor Barros, reconoció que «la criminalidad en Chile cambió totalmente».

A poco de asumir en su cargo, Boric reorientó su administración hacia el manejo de este flagelo. Pese a las políticas implementadas, la percepción de inseguridad ciudadana no ha variado. Además, su coalición no lo acompaña del todo, por cuanto el Partido Comunista y varios parlamentarios del Frente Amplio votan en contra sus proyectos relacionados con el aumento de atribuciones a las policías o mayores tipos legales y su sanción.

Acostumbrados los chilenos a hurtos, robo con violencia y homicidios comunes, en la última década los 'portonazos' (atracos en la puerta de una casa) y 'encerronas' (en semáforos y carreteras) destinados a quitar de forma violenta automóviles particulares, fueron cobrando notoriedad. Esto no solo por la edad de los delincuentes involucrados, a veces, jóvenes de 13 y 14 años, sino también por la violencia aplicada que en varios casos cobró la vida de quienes se resistieron o sus pasajeros, algunos de ellos niños pequeños.

El exsubsecretario del Interior del Gobierno de Piñera, Juan Francisco Galli, advierte que aún falta análisis de las cifras para poder tener un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando. Apunta a que Chile, efectivamente, está experimentando delitos de mayor violencia, pero todavía no se puede vincular todo al crimen organizado relacionado con bandas extranjeras.

El expersonero llama la atención frente al hecho de que se ha registrado un aumento considerable de homicidios sin victimario conocido. Los datos oficiales indican que entre 2018 y 2022 el número de asesinatos sin autor identificado pasó de 23,7% a 41,6% y eso, según Galli, debe seguir siendo analizado. «No tenemos más información sobre lo que hay detrás. ¿Se trata solo de bandas extranjeras o de bandas chilenas que usan sicarios extranjeros?», pregunta.

El abogado Mauricio Duce, especializado en justicia criminal y académico de la Universidad Diego Portales, concuerda con Galli en orden a que nadie puede dar por cerrado el diagnóstico.

Puntualiza que la gran masa de delitos en el país sigue siendo los comunes, pero que ya hay indicadores de la actuación de organizaciones criminales por la mayor violencia y la presencia de armas de fuego. «Hoy el robo de auto no es para ir a cometer otro asalto sino para desarmarlo y venderlo y eso da cuenta de una organización», explica.

Frente a la presencia de bandas internacionales como lo ha detectado el Ministerio Público, Duce señala que esto aún se debe mapear porque, probablemente, también haya mayor organización criminal a nivel local. «Pero no cabe duda de que ha habido algo de penetración internacional», asegura.

Sobre si Chile se encuentra a niveles de violencia comparables con otros países de la región, el abogado aclara que, en materia de homicidios, el país aún se encuentra en tasas similares a Uruguay o Costa Rica, muy por debajo de otros como México, Colombia o Ecuador.

«En 2016 en Chile hubo 4,2 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2022, 6,7 homicidios lo que es efectivamente es un incremento importante. Estar por debajo de México y Ecuador es una buena noticia, pero no sabemos dónde va a parar esto», apunta.

Juan Francisco Galli reconoce que el crimen organizado vinculado al narcotráfico está presente en Chile hace ya un tiempo, pero que el tipo de negocio hoy ha cambiado. Si antes era del tipo predatorio, o sea, tráfico de cigarrillos, drogas o cobre, hoy más bien es de prestación de servicios tales como sicariato, extorsión, secuestro o explotación sexual.

También admite que el influjo de migración irregular ha generado mayores condiciones para este tipo de criminalidad porque cuanto al delincuente extranjero no se le puede identificar y su riesgo es menor, ya que, de ser detenido y no estar vinculado a un delito, su mayor sanción es ser expulsado.

Mauricio Duce sostiene que no hay estudios actualizados sobre este posible vínculo entre migración legal o no y delincuencia, pero los datos que maneja el Ministerio Público indican claramente que ha aumentado el número de imputados, de presos en las cárceles y de víctimas de nacionalidad extranjera.