Cómo Biden indultó y sacó de prisión al testaferro de Maduro

La Casa Blanca se movilizaba en secreto para facilitar el regreso triunfal a Venezuela de un empresario acusado por la misma Fiscalía norteamericana de corrupción, procesado por lavado de dinero por un juzgado de Florida, sancionado por el Tesoro por lucrarse robando ayudas humanitarias a los más necesitados en la crisis de Venezuela. Por mandato constitucional, pues el presidente puede otorgar clemencia, el juez Robert Scola respondió rápidamente: Saab quedaba en manos del servicio de los Marshalls hasta final de año. Si Biden no lo indultaba, volvía a prisión.

El miércoles 20, Saab llegaba a Caracas y era recibido por Nicolás Maduro con todos los honores. Ambos, dictador y testaferro, denunciaban torturas practicadas por EE.UU., que la Casa Blanca niega. A cambio de Saab, la dictadura venezolana permitía el regreso a EE.UU. de una decena de prisioneros y un malayo pintoresco, apodado Fat Leonard, acusado de corruptelas con mandos del Pentágono, que, en su caso, sí será juzgado.

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David Alandete

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El acercamiento negociador entre Joe Biden y Nicolás Maduro, un giro drástico con respecto a las políticas de Donald Trump, ha quedado consumado en estos últimos días de 2023. Sin rehabilitar a María Corina Machado como candidata, sin comprometerse a unas elecciones libres, sin grandes concesiones a la oposición, Maduro ha logrado, según los críticos de Biden, aquello que más quería: el regreso a casa de su testaferro, uno de sus hombres de confianza, al que hasta llegó a nombrar embajador con la esperanza de darle inmunidad.

El 15 de diciembre, el presidente Biden firmó un indulto pleno, con todas las de la ley. En su mandato, Biden sólo ha indultado a 13 personas, y Saab es una de ellas. El indulto, con la rúbrica presidencial, incluye condiciones específicas como la obligación de Saab de abandonar EE.UU., permanecer fuera de sus territorios, no cometer más delitos contra EE.UU., renunciar a reclamaciones legales contra EE.UU., y renunciar a fondos y propiedades sujetos a decomiso relacionados con su procesamiento. Además, se prohíbe a Saab recibir pagos por libros o producciones televisivas sobre el caso. El incumplimiento de estas condiciones puede resultar en la anulación del indulto.

Elliott Abrams, quien se desempeñó como enviado especial para Venezuela durante la Administración Trump, responsable en gran parte de la extradición de Saab desde Cabo Verde, critica que Maduro haya «violado claramente las promesas que hizo sobre avanzar hacia elecciones libres en 2024«. Abrams señaló que, en lugar de progresar hacia la democracia, Maduro ha retrocedido y, ahora, ha sido recompensado por sus acciones. Para Abrams, este acto de clemencia de Biden es »vergonzoso«.

Esa frustración es comprensible, dados los denodados esfuerzos de EE.UU. por asegurarse la extradición de Saab en su día. Al ser arrestado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, Saab se encontraba repostando un jet privado de camino a Irán. La anterior administración norteamericana estaba convencida de que Saab fue el negociador clave en la adquisición de crudo iraní entregado a Venezuela en desafío del régimen de sanciones impuesto por EE.UU. contra la dictadura de Maduro. Ese crudo, según una investigación oficial de EE.UU., lo pagó el chavismo a Irán con empresas opacas que son supuestamente propiedad de Saab.

La indignación que en el Capitolio provoca la liberación de Saab es también notable. El senador Marco Rubio, republicano de la Florida, califica la liberación de Saab de «concesiones a un narco-dictador que dejan debilitada la política exterior de EE.UU.». Los dos republicanos de mayor rango en las comisiones de Exteriores de la Cámara y del Senado, el diputado Michael McCaul y el senador Jim Risch, escribieron después a Biden para quejarse: «Saab manejaba el imperio global de lavado de dinero de Maduro y sus relaciones con Hizbolá y los carteles de drogas. Ahora está libre para hacerlo de nuevo. El intercambio de hoy fortalece a Maduro y hace que los estadounidenses estén menos seguros en todo el mundo».

La Casa Blanca se ha guardado de hacer grandes anuncios sobre esta liberación, sobre todo después de meses afirmando que de ningún modo el presidente interferiría en un caso en manos del poder judicial. Los portavoces de Biden afirmaron que el caso había sido «una decisión difícil». Así lo definió John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, quien además dijo que la liberación de Saab entraba dentro de un acuerdo migratorio.

Dijo Kirby el jueves: «El trabajo realizado con Venezuela, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses y la promoción de reformas electorales en el régimen de Maduro, es significativo. Estas acciones no solo abordan problemas diplomáticos inmediatos, sino que también contribuyen a enfrentar algunas de las causas fundamentales de la migración».

Fue una explicación llamativa, pues EE.UU. y Venezuela en principio no tienen relaciones diplomáticas, y no han suscrito ningún tipo de acuerdo migratorio. Maduro está de hecho imputado en EE.UU. por pertenecer a un cártel, y el departamento de Justicia ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por pistas que den con su paradero. Durante su mandato, más de siete millones de venezolanos han huido de la miseria en el país.

El miércoles, un alto funcionario de la Casa Blanca que conversó con periodistas para dar detalles de este canje, afirmó que los cargos contra Maduro se mantienen. «Los cargos siguen vigentes. Además, no ha habido cambios significativos en las sanciones impuestas. Se otorgó un alivio limitado en respuesta al acuerdo entre el régimen de Maduro y los partidos de la oposición, el cual aún se mantiene. Este alivio está condicionado a progresos continuos hacia la realización de elecciones competitivas», dijo.

Ese funcionario se refiere a que en octubre, la Administración de Biden alivió considerablemente las sanciones al sector petrolero de Venezuela a cambio, en gran parte, de que Maduro permita una elección presidencial transparente y justa el próximo año. Si el régimen de Maduro no cumplía con estas condiciones antes del 30 de noviembre, el Gobierno de EE.UU. había declarado su intención de reimponer sanciones. El plazo pasó, y el régimen se limitó a permitir a María Corina Machado que presente recurso ante la Justicia electoral.

Esta decisión de Biden sobre sanciones ha permitido una licencia general de seis meses para el sector de petróleo y gas de Venezuela, al tiempo que otorga otra licencia general que autoriza las transacciones con la empresa venezolana de oro. Sigue vigente la prohibición de negociación en el mercado primario de bonos venezolanos. El régimen de Maduro y la oposición llegaron antes a un acuerdo en Barbados, en el que se pactaron garantías para unas elecciones presidenciales en el país durante el segundo semestre de 2024. Sin embargo, el acuerdo no ha logrado que el Gobierno venezolano levante las prohibiciones a los candidatos de la oposición, que no les permite la ocupación de cargos públicos.

Biden interviene además por decisión política en un caso que el chavismo trató de politizar al máximo. Durante el proceso sobre su extradición en Cabo Verde, que duró un año y cuatro meses, los abogados de Saab, comandados por el magistrado español Baltasar Garzón, denunciaron «el carácter político de este caso». «Ninguna de las acusaciones hechas por EE.UU. ha sido probada«, dijo Garzón en un comunicado.

Tras el arresto de Saab, la Fiscalía colombiana también presentó cargos contra el empresario, que tiene la doble nacionalidad de Colombia y Venezuela, por lo que describió como «actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada«. Posteriormente, la Policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados, con un valor total estimado de 10 millones de dólares.

El Tesoro, en principio, mantiene sanciones contra Saab y sus socios por haber robado fondos públicos destinados a insumos humanitarios en el llamado programa de bolsas Clap.