Duterte se niega a declarar en La Haya por la guerra sucia contra la droga en Filipinas
Su defensa defiende que ha sido «secuestrado» y que está «muy enfermo»
Crimen de Estado en Filipinas: los 'ajusticiados' de Duterte
El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha asistido este viernes a declarar ante el Corte Penal Internacional (CPI) tras su detención el pasado martes en Manila y su traslado a La Haya, después una orden de detención por presuntos crímenes contra la humanidad. Duterte ha ... participado en la primera audiencia por videollamada, con la autorización de los jueces tras «un largo viaje», y solo ha confirmado su nombre y su fecha de nacimiento, con voz cansada, de forma lenta, con ojos prácticamente cerrados y con dificultades.
En tanto, su defensa ha asegurado que el expresidente, de 79 años, está «demasiado enfermo para declarar», al tiempo que ha denunciado que ha sido víctima de un «secuestro», por su arresto y traslado a Países Bajos, y que el caso en su contra es un «ajuste de cuentas» de cáracter político.
No obstante, la juez presidenta, Iulia Antoanella Motoc, ha respondido que el médico de la corte, quien examinó a Duterte a su llegada, opinó que estaba «totalmente consciente mentalmente y en buen estado físico».
«Hace dos días el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión», ha indicado la defensa de Duterte ante la Sala 1 del CPI en La Haya, que ha descrito la detención como una «entrega extrajudicial». «O, para la gente menos hecha en términos legales, como un puro y simple secuestro».
El abogado de la defensa Salvador Medialdea ha señalado que este padece «problemas médicos que le están debilitando» así como «déficit de audición» por lo que ve «difícil» que pueda «contribuir en algo a estas audiencias».
Además, han denunciado que el expresidente no ha tenido no ha tenido acceso a abogado alguno desde su detención hasta la mañana de este viernes, y que la misma no es más que el objeto de este ajuste de cuentas, emprendido por «el actual presidente de Filipinas», Ferdinand Marcos Jr., que persigue «neutralizar» el «legado» de Duterte.
Enfrenta cargos de lesa humanidad
Duterte enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad. Los fiscales le acusan de llevar a cabo un ataque sistemático contra la población civil durante la guerra contra las drogas que emprendió durante su mandato entre 2016 y 2022, así como durante su alcaldía de Dávao entre 2011 y 2016, caracterizadas por la extrema brutalidad de las fuerzas de seguridad.
En ellos, miles de supuestos traficantes y consumidores de drogas fueron asesinados durante una represión, cuando los escuadrones de la muerte que él presuntamente creó y armó llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales generalizados.
Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
Duterte se convierte así en el primer mandatario asiático en ser juzgado en el CPI, un tribunal de última instancia creado hace más de dos décadas para procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, agresión y genocidio. Filipinas formó parte del tribunal desde el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019.
Una gran victoria para el CPI y para las víctimas
La entrega de Duterte al tribunal marca una gran victoria para el fiscal jefe Karim Khan, quien enfrenta sanciones de EE.UU. debido a su orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Asimismo, Amnistía Internacional ha asegurado que la comparecencia de Duterte ante la corte es un extraordinario triunfo para las víctimas y sus familias y un «momento simbólico y un día de esperanza» para los defensores de los DDHH que durante años han luchado incansablemente por la justicia a pesar de los graves riesgos que corrían sus vidas y su seguridad.
«La comparecencia de Rodrigo Duterte es una escena que las familias de las miles de víctimas de la 'guerra contra las drogas' en Filipinas temían no llegar a ver», ha celebrado la investigadora de Amnistía Internacional para el sudeste asiático Rachel Chhoa-Howard, en declaraciones recogidas por Europa Press.
«Hoy se demuestra que a los acusados de cometer los peores delitos puede llegarles el día de comparecer ante un tribunal, independientemente del cargo que ostenten», ha añadido la investigadora.
«La rendición de cuentas no debe terminar aquí», avisa la portavoz de Amnistía, que llama al Gobierno filipino «a reincorporarse al CPI y a cooperar plenamente con el tribunal en la causa».
Después de la comparecencia inicial, el tribunal probablemente fijará una audiencia para la confirmación de cargos en varios meses, cuando los fiscales puedan presentar parte de sus pruebas y los jueces decidirán qué cargos pueden ser incluidos en la acusación. No se espera que el juicio comience hasta principios de 2026.
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