El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución del presidente Yoon por su fallida ley marcial

El fallo se ha producido tras una deliberación más larga de lo previsto, lo que había alimentado los rumores de una posible división de opiniones, pero este ha acabado por resultar unánime. Los ocho jueces han convenido, sin excepción, que la ley marcial de Yoon no cumplía con los requisitos legales y que este envió tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los parlamentarios votaran su anulación, tal y como acabó sucediendo.

«Los efectos negativos sobre el orden constitucional y las repercusiones de las violaciones de la ley por parte del acusado son graves, lo que hace que los beneficios de proteger la Constitución mediante la destitución del acusado superen por un margen abrumador las pérdidas nacionales derivadas de la destitución del presidente», ha expuesto el jefe del Tribunal, Moon Hyung-bae, cuya intervención ha sido retransmitida en directo por televisión.

Yoon se convierte así en el segundo presidente destituido en la historia moderna de Corea del Sur –Park Geun-hye también fue apartada en 2017–. Oprobio por añadidura, pues ya había sido el primero detenido en el ejercicio de sus funciones tras resistir el arresto durante semanas, atrincherado en la residencia oficial bajo la protección de sus guardaespaldas.

La ley marcial, decretada de improviso en la noche del 3 de diciembre, implicaba la suspensión de todo tipo de derechos democráticos, así como la concentración de los poderes gubernamentales en el Ejército; extremo escenificado en el cerco policial a la Asamblea Nacional, el cual 190 parlamentarios –de un total de 300– lograron sortear con ayuda de la movilización civil para acceder al interior y derogar la orden apenas seis horas después. Durante su comparecencia oral ante el Tribunal Constitucional, Yoon adujo a posteriori que esta insurrección suponía en realidad un mero «aviso a la oposición».

«La decisión del Tribunal Constitucional demuestra que la mayoría de los coreanos consideran que la división interna se debe encauzar por medios democráticos», apunta por teléfono Ramón Pacheco Pardo, profesor de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres especializado en Corea.

La causalidad ha querido que el académico se encuentre en Seúl realizando un viaje, por lo que ha seguido el fallo en una pantalla gigante instalada en Gwanghwam. «Estaba al lado de un grupo de seguidores de Yoon pero no ha habido altercados, el resultado era previsible tras la exposición inicial y el veredicto unánime».

La formación opositora, el Partido Demócrata de Corea (PDC), ha ensalzado el dictamen como «una victorial popular», mientras que el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) ha afirmado «aceptarlo con humildad». «Me aseguraré de que no haya un vacío en materia de seguridad nacional o relaciones exteriores», ha enfatizado Han Duck-soo, quien fuera primer ministro bajo Yoon y ahora presidente en funciones, durante un discurso televisado tras el fallo. «Haré todo lo que esté en mi poder para evitar interrupciones en la gestión de asuntos urgentes como disputas comerciales, y mantendré el orden público con firmeza para nuestros ciudadanos se sientan seguros y protegidos».

Ahora bien, pese a estas muestras de buena voluntad política, las autoridades esperan que se produzcan movilizaciones masivas en los próximos días. En 2017, la destitución de Park dejó violentos enfrentamientos con cuatro fallecidos. Para evitar escenas similares, las fuerzas de seguridad han declarado el segundo nivel de alerta, que permite la movilización de la mitad del cuerpo policial, y han implementado un cordón de seguridad en un radio de 150 metros alrededor del Tribunal Constitucional, blindado con vallas y barricadas, ante la previsión de que hasta 150.000 personas tomen las calles.

La sociedad surcoreana, entretanto, borbotea inquieta. Tanto es así que la principal plataforma del país, KakaoTalk, ha experimentado disrupciones en su servicio de mensajería poco después de que se hiciera público el veredicto, provocadas por el extraordinario volumen de tráfico.

Mientras el aparato de seguridad supervisa las repercusiones a corto plazo, los partidos miran más allá, hacia la nueva contienda –estrictamente democrática– por el poder de unas elecciones estimadas para principios de junio. La ley establece que la fecha definitiva debe conocerse con al menos 50 días de antelación, lo que implica que esta debería fijarse a lo largo de la próxima semana.

La maquinaria, por tanto, comienza a arrancar motores. El PDC parte como favorito, pero las encuestas no arrojan un margen tan amplio como cabría esperar. Esto responde en gran medida al rechazo que genera su jefe de filas, Lee Jae-myung, quien la semana pasada fue exonerado de violaciones a la ley electoral que hubieran podido implicar una inhabilitación.

«Lee es muy polémico y hay gente dentro de su partido que no le apoya. Es el principal favorito para ser el candidato liberal, pero es posible que algunos diputados liberales traten de presentar un candidato alternativo», sugiere Pacheco Pardo. En dos meses, serán las urnas quienes dicten sentencia.