La imputación de Yoon y la perspectiva electoral sumen a Corea del Sur en la incertidumbre

Afronta Yoon una ordalía doble. En primer lugar, la acusación interpuesta por la Fiscalía, según la cual la ley marcial declarada el 3 de diciembre habría supuesto una insurrección, con agravantes en grado de tentativa como la movilización de tropas para bloquear la Asamblea Nacional y la planeada detención de las principales figuras de la oposición. Dicho delito no queda cubierto por la inmunidad presidencial y se castiga con cadena perpetua o pena capital. Esta práctica, sin embargo, está suspendida de facto en Corea del Sur, pues la última ejecución de un reo data de 1997.

Yoon fue arrestado el 15 de enero, tras resistir durante casi dos semanas atrincherado en el interior de su residencia oficial bajo la protección de su equipo de guardaespaldas, hasta provocar un enfrentamiento entre el aparato de seguridad estatal. Desde entonces ha rehusado colaborar, negándose a comparecer en los interrogatorios hasta en seis ocasiones, con la única excepción de la primera jornada, en la que se mantuvo en silencio. El mandatario deja así correr los días en confinamiento solitario dentro de una celda de 12 metros cuadrados, un encarcelamiento que sus abogados consideran «ilegal y fraudulento».

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La ley surcoreana establece, como es habitual, que todo sospechoso debe recuperar la libertad si al término de la orden de arresto no se le imputa falta alguna. El Tribunal del Distrito Central de Seúl rechazó el viernes 24 de enero prorrogar el plazo, por lo que la Fiscalía decidió apurar y oficializar este domingo 26 la imputación de Yoon, aduciendo el «riesgo de destrucción de pruebas». Este conquistaba así un nuevo hito: no solo el primer presidente en ejercicio detenido en la historia de Corea del Sur, también el primer imputado.

El plusmarquista, no obstante, sí ha participado –obligado– en el segundo litigio en marcha: el proceso de destitución aprobado por la Asamblea Nacional y elevado al Tribunal Constitucional. Durante su comparecencia la semana pasada, Yoon aseguró que no pretendía imponer la ley marcial «de manera plena» sino escenificar «un aviso a la oposición», a quien acusó de paralizar la acción de gobierno. El organismo ya ha completado cuatro de las ocho sesiones previstas y en un plazo máximo de 180 días anulará o ratificará la destitución, lo que obligaría a la convocatoria de elecciones en dos meses.

La voluntad popular emitirá entonces el laudo definitivo para Yoon y sus acólitos. Ahora bien, el sentido del mismo podría resultar sorprendente tratándose de la democracia frente a sus atacantes. Las principales encuestas del país muestran que, por primera vez en meses, el índice de aprobación del PPP supera al del opositor Partido Democrático (PD): 46,5% frente a 39% según Realmeter, 39% frente a 36% según Gallup Korea y 35% frente a 33% según el Barómetro Nacional.

«Las recientes maniobras del PD son interpretadas por algunos críticos, incluidos votantes y medios de comunicación conservadores, como un intento explícito de minimizar las amenazas legales contra el jefe del partido, el diputado Lee Jae-myung, y celebrar elecciones presidenciales lo antes posible», apuntaba un editorial reciente del diario surcoreano 'The Korea Herald'. Lee, derrotado por apenas siete décimas porcentuales en los comicios de 2022, perdería su elegibilidad de confirmarse una sentencia dictada en noviembre por violación de la ley electoral, cuyo veredicto final podría conocerse a mediados de marzo.

A ojos del PPP, por tanto, queda mucha pelea todavía. Ante una previsible convocatoria electoral con la consiguiente inhabilitación de Yoon, el candidato mejor posicionado en sus filas sería el actual ministro de Trabajo, Kim Moon-soo, seguido de quien fuera secretario general y ministro de Justicia, Han Dong-hoon. La incertidumbre en Corea del Sur, de momento, solo puede seguir creciendo.