«Espías chinos» y la amenaza de una «guerra civil»: Yoon divide en dos a Corea del Sur

La suerte física del mandatario representa la cuestión que marcará el desarrollo de los acontecimientos a corto plazo. Yoon resiste, rebelde y oculto tras los muros del complejo, tras evitar la primera tentativa de arresto el pasado 4 de enero gracias a la intervención del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP). Esta unidad de guardaespaldas impidió el paso durante seis horas a un centenar de policías e investigadores que pretendían aprehenderle, lo que hubiera supuesto la primera detención de un jefe de Estado en ejercicio. Sin embargo, estos acabaron dando media vuelta con las manos vacías ante el riesgo de una escalada violenta, evidencia de una peligrosa fractura entre las fuerzas del orden.

Yoon está acusado de insurrección por haber declarado el 3 de diciembre la ley marcial, asegurando que la colaboración de la oposición con Corea del Norte había creado una «dictadura legislativa» que ponía al país en peligro. Este mandato decretaba la suspensión de todo tipo de derechos democráticos, así como la concentración de los poderes gubernamentales en el Ejército; extremo escenificado en el cerco policial a la Asamblea Nacional, el cual 190 parlamentarios –de un total de 300– lograron sortear con ayuda de la movilización civil para acceder al interior y derogar la orden apenas seis horas después.

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Pablo M. Díez

Miles de partidarios de Yoon Suk-yeol se concentran ante su residencia, donde se ha atrincherado con sus guardaespaldas tras negarse a testificar y hay riesgo de enfrentamiento con la policía

La conmoción causada responde en gran medida a que la maniobra de Yoon carecía en apariencia de criterio, no ya legal o moral, sino meramente táctico. «Siempre se le ha acusado de tomar decisiones sin consultar más que a un círculo muy cerrado, entre ellos el antiguo ministro de Defensa [Kim Yong-hyun] que ahora está en prisión preventiva. Esto lo debían saber tres, cuatro o cinco personas. A muchos ministros les pilló de sorpresa cuando convocó la reunión», explica por teléfono Ramón Pacheco Pardo, catedrático de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres especializado en Corea. «Yoon debió creer que era la manera de poder sacar adelante su agenda y tomó esta decisión, la de alguien que no ha trabajado en política».

A la luz de lo sucedido, no deja de resultar irónico que Yoon ganara fama y prestigio como defensor de la ley. Combativo fiscal, encausó a la presidenta Park Geun-hye hasta lograr su destitución y encarcelamiento, y después plantó cara a su sucesor, Moon Jae-in; méritos que en un entorno de turbulenta polarización le auparon a candidato del conservador Partido del Poder Popular (PPP) a las elecciones presidenciales de marzo de 2022, en las que se impuso por la mínima a Lee Jae-myung del Partido Democrático (PD): apenas siete décimas porcentuales o 250.000 votos para separar a dos Coreas del Sur, dos cuartos de Corea.

A partir de ahí, los ritmos y contrapesos de la política se le atragantaron, hasta el punto de que su derrota en las elecciones legislativas de abril de 2024 permitió a la oposición mantener el control de la Asamblea Nacional y aprobar sus propios presupuestos pese a la oposición del Ejecutivo, traspiés que habría agotado la paciencia de Yoon. Por eso, entre los círculos especializados de Seúl corre estos días la extendida interpretación de que la ley marcial no pretendía el fin de la democracia surcoreana, sino una torpe demostración de poder, una estratagema poco más que performativa, hipótesis sustentada por la movilización marginal de efectivos militares en el espacio público o la ausencia de control en los medios de comunicación.

Entretanto, la vida en Seúl parece discurrir ajena, inalterable, demostración empírica de que el triunfo de la democracia liberal no consiste en politizar cada recodo de la cotidianeidad sino todo lo contrario. En la cafetería que Didi regenta en el jubiloso barrio de Itaewon, por ejemplo, la gran novedad esta mañana consiste en el abrigo que porta Momo, su perro de chindo, la raza autóctona, a modo de protección contra la ola de frío que coloca las temperaturas de la capital surcoreana más allá de los diez grados bajo cero. «La gente no está demasiado extrañada porque se veía venir, Yoon no tiene experiencia de gestión», comenta entre comanda y comanda sin perder el buen humor. «Es una cuestión generacional: la gente de mi edad está en contra de Yoon, pero la gente como mi madre le apoya», añade señalando a la cocina, donde una anciana trajina entre sartenes.

Solo al alcanzar los alrededores de la estación de Hanganjin, la más cercana a la residencia presidencial, el rumor distante de proclamas políticas se eleva en el aire como tambores de guerra. Unos dos mil partidarios de Yoon ocupan el espacio central con una ruidosa manifestación, alentada desde el escenario por una gran pantalla y los discursos enardecidos de oradores que se suceden de manera ininterrumpida. Basta el primer un vistazo para confirmar dicha clave generacional: todos los asistentes han celebrado ya, al menos, su sexagésimo cumpleaños.

Es el caso de Hun Lee, un jubilado que ha venido a expresar su apoyo «al señor Yoon». ¿Por qué? «Porque estoy en contra del Partido Comunista y de China», sentencia de inmediato, y alerta: «Hay muchos espías chinos». Una pancarta colgada sobre el puente que conecta la zona con una plaza contigua, de hecho, muestra una bandera china en llamas mientras urge a luchar contra «el fraude electoral chino» para evitar una «guerra civil», infame sintagma que en los últimos días viene ganando prominencia en el espacio público.

Las enseñas ondean con entusiasmo. Prima, por supuesto, el Taegeuki surcoreano, pero casi en igual número –y lógica oposición al rojo ardiente chino– aparecen las barras y estrellas estadounidenses y hasta alguna estrella de David israelí. Los partidarios de Yoon se adueñan no ya de los símbolos comunes, sino de los ajenos, para adscribir su causa a un mundo ideologizado de conservadurismo pujante. Muchos portan, además, letreros con el lema trumpista 'Stop the Steal', popularizado durante la campaña para desacreditar la victoria electoral de Joe Biden que desembocó en el asalto al Capitolio.

Apenas cincuenta metros, intermediados por una fuerte presencia policial, separan a las dos preposiciones en liza: «pro» y «anti». Aun y todo, en el transcurso de la mañana este corresponsal presencia al menos tres peleas entre unos y otros. «El proceso de destitución tiene que avanzar», clama Yonghwan, un youtuber treintañero que, trípode en mano, graba contenido entre los detractores. «Yoon se ha convertido en un peligro para la democracia surcoreana».

Un poco más abajo en esa misma acera aparece la entrada a la residencia presidencial, el más apremiante campo de batalla. Un cordón de seguridad bloquea el acceso y un autobús interpuesto en la entrada, la vista. Este vehículo constituye el primer muro de contención, parte de los preparativos que los agentes del SSP vienen realizando en días previos para fortificar el lugar con alambre de espino y empalizadas ante la inminente perspectiva de una segunda tentativa de arresto.

Los tribunales ya han emitido otra orden de detención, después de que el plazo inicial de siete días caducara, ahora de duración confidencial. El organismo que dirige la causa, la Oficina para la Investigación de la Corrupción en Altos Cargos (OIC) y la policía diseñan esta nueva acometida con la pretensión de que resulte definitiva, para lo que podrían movilizar hasta un millar de efectivos. Los hombres del SPP, por contra, se estima en unos quinientos.

En ese empeño, podría resultar crítica la dimisión este viernes del jefe de los guardaespaldas, Park Chong-jun, cuya renuncia quiebra la cadena de mando de una unidad que reporta directamente ante el todavía presidente. «Creo que mucha gente está preocupada por el choque entre agencias gubernamentales», comentaba a su llegada a la comisaría central para ser interrogado tras ignorar dos citaciones previas. «No debe haber enfrentamientos físicos ni derramamiento de sangre bajo ningún concepto».

La oposición, mientras tanto, ha presentado en la Asamblea Nacional una nueva propuesta para designar a un abogado especial encargado de investigar los cargos de insurrección que pesar contra Yoon. A diferencia de la anterior, este será elegido por la Corte Suprema y no por los dos partidos opuestos al Ejecutivo. Una de las acusaciones esenciales apunta que el presidente y su círculo de confianza habrían tratado de provocar una crisis con Corea del Norte para así justificar la imposición de la ley marcial.

Esta propuesta tampoco ha satisfecho al PPP. Su rechazo enlaza con el proceso en marcha en el Tribunal Constitucional, el último frente abierto. En un plazo estimado de 180 días, este organismo anulará la destitución de Yoon o la ratificará, lo que obligaría a la convocatoria de elecciones en dos meses. Ante esta tesitura, el partido teme que la investigación del abogado especial, en particular una cláusula que le permite realizar ruedas de prensa, convertiría a la ley marcial en el foco de una hipotética campaña electoral que, por sorprendente que parezca, no dan por perdida.

Las encuestas publicadas esta semana muestran un repunte del PPP: según datos de Gallup Korea, el índice de aprobación de la formación ha subido al 34% frente al 24% de la semana pasada, y el apoyo al cese de Yoon ha descendido del 75% al 64%, en gran medida por el rechazo que genera el líder opositor, Lee Jae-myung, con varias sentencias pendientes. El combate final tendrá así lugar en las urnas: la única opción aceptable en democracia.