El colapso migratorio de Lampedusa divide otra vez a los europeos

La visita de la presidenta de la Comisión Europea a la isla italiana de Lampedusa el domingo ha sido el único gesto rotundo que estaba en sus manos ante una situación claramente inaceptable desde todos los puntos de vista. Pero la lista de las propuestas que Ursula von der Leyen puso sobre la mesa allí mismo, junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, contiene muchas contradicciones y elementos que no han quedado completamente definidos.

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Uno de ellos es el refuerzo de las capacidades de la policía europea de fronteras Frontex, a pesar de que en el Parlamento Europeo, los verdes sobre todo, lo que se le ha pedido es precisamente que se aumente la capacidad para controlar a sus agentes, acusados de haber cometido abusos a la hora de rechazar a los inmigrantes que intentaban cruzar clandestinamente las fronteras europeas.

El punto más importante, sin embargo, es la posibilidad de «estudiar misiones navales» para impedir que los barcos con emigrantes entren en aguas internacionales, que es lo que pide Italia para intentar contener la llegada masiva de emigrantes y refugiados. Este parece ser el punto de mayor fricción entre el Gobierno italiano y las instituciones europeas, que consideran inaceptable tratar un problema humanitario con una solución militar.

Por ahora, entre las promesas de la UE figuran apoyar a Italia en el traslado de los que han llegado a su territorio a otros Estados miembros y para devolver a los emigrantes a sus países de origen, dos asuntos en los que no está claro que vaya a contar con el apoyo de unos o de otros. En la rueda de prensa diaria de la Comisión, ninguno de los portavoces a los que se les solicitó información pudo explicar cómo podrían operar estas propuestas bajo la actual legislación que ya se demostró catastrófica en la crisis de 2015.

A la Comisión también se le reprocha que hubiera basado su política en un acuerdo («Memorandum de Entendimiento») con Túnez, que fue además apoyado abiertamente por países como Italia y Holanda, que no solo ha sido duramente criticado por las cláusulas que prevén intervenciones demasiado rigurosas por parte de las autoridades tunecinas en sus fronteras, sino que no acaba de ser aplicado. Este viernes estaba previsto que una delegación europea visitase Túnez oficialmente para estudiar estos problemas y las autoridades del país norteafricano la suspendieron unilateralmente, según se ha explicado porque los funcionarios que debían recibirlos estaban de vacaciones. En realidad, el acuerdo preveía que la Comisión pagase 105 millones de euros a Túnez, pero ayer mismo el ejecutivo comunitario admitió que los trámites burocráticos habituales «necesitan tiempo» y que no había entregado ni un céntimo a los tunecinos.

El pacto migratorio europeo está pendiente de la aprobación en el Consejo, donde España ejerce la presidencia semestral, el último periodo completo antes de que empiece el ambiente preelectoral. Si no se aprueba antes del fin de año, la siguiente presidencia (Bélgica) apenas podrá intentar nada, antes de que le llegue el turno a Hungría y después a Polonia, que son precisamente los dos países que bloquean su aprobación.