China extiende una red de «comisarías ilegales» por el mundo

Según revela el documento, las autoridades presionan e intimidan a los sospechosos hasta lograr su vuelta, recurriendo a medidas como detener a sus familiares residentes en China o privar a sus hijos de educación pública, una «culpabilidad por asociación» similar a la imperante en Corea del Norte. Dichas comisarías permanecen en estrecho contacto con las asociaciones de chinos en el extranjero, controladas a su vez por el Frente Unido del Partido Comunista Chino.

«Estas operaciones eluden la cooperación policial y judicial y violan las leyes internacionales, pudiendo quebrantar la integridad territorial de aquellos terceros países afectados con un mecanismo policial paralelo que emplea métodos ilegales», señala la ONG, con sede en Madrid, en el informe titulado '110 en el extranjero: policía china transnacional desatada', en referencia al número de emergencia del gigante asiático.

«Eludiendo los mecanismos habituales de cooperación, el Partido Comunista Chino se las arregla para evitar el creciente escrutinio de su historial en materia de derechos humanos y las consiguientes dificultades que afrontan para [lograr] el retorno de 'fugitivos' a través de procedimientos ordinarios como las peticiones de extradición», añade el texto. «Además, deja a los ciudadanos chinos en el extranjero completamente expuestos a la persecución extrajudicial de la policía, con poca o ninguna protección [garantizada] por leyes propias e internacionales».

La campaña, que comenzó en 2018 en la provincia de Fujian, aumentó su intensidad en enero de 2021 cuando instituciones oficiales como el Tribunal Supremo, la Fiscalía Popular y el Ministerio de Seguridad Pública lanzaron un ultimátum para el regreso de encausados antes del 30 de abril de ese mismo año. Un año después, el viceministro de Seguridad Pública Du Hangwei anunciaba la vuelta de 210.000 «persuadidos». Asimismo, iniciativas similares bautizadas como la 'Caza del zorro' y la 'Red celestial', impulsadas respectivamente por el Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Supervisión, han logrado el retorno de otros 10.000 «objetivos de alto valor», como funcionarios corruptos y magnates fugados.

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Pese a la ilegalidad de los métodos empleados, la ONG reconoce no haber descubierto ningún secuestro en el extranjero vinculado directamente con esta campaña; algo que sí ocurrió en episodios precedentes como el de los libreros de Hong Kong. Uno de ellos, de nombre Gui Minhui, desapareció en Tailandia en octubre de 2015 para reaparecer meses después en la televisión estatal china confesando sus «delitos». Gui, de pasaporte sueco, permanece desde entonces bajo custodia policial en paradero desconocido.

La mayor parte de los casos perseguidos en el contexto de esta operación están vinculados con estafas telefónicas y fraudes por internet. Estos suponen un delito habitual que genera ingresos multimillonarios –más de 40.000 millones de euros fueron incautados en 2020, según datos oficiales– e incluso tráfico de personas, trasladadas por las mafias desde China continental, Hong Kong y Taiwán a nueve países: Laos, Camboya, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Myanmar.

Este último acoge muchas de las bases de operaciones para dichas tramas: 54.000 sospechosos, casi un cuarto del total, han regresado desde allí, donde también las consecuencias resultan más evidentes. En julio de este año, las autoridades locales de Wenchang, en la provincia china de Hainan, desvelaron la identidad de varios encausados, residentes en la antigua Birmania.

En caso de que no volvieran en el plazo de un mes, las posibles represalias incluían la demolición de sus propiedades o la anulación de los seguros médicos de sus familiares, así como el veto de sus hijos en los colegios y de sus familiares en oposiciones públicas. Una advertencia que pronto imitaron otras poblaciones.

El Gobierno aprobó a principios de mes una nueva Ley Contra el Fraude Telefónico y por Internet, la cual entrará en vigor en diciembre a nivel estatal con el propósito de «luchar contra los delitos cometidos por ciudadanos chinos en suelo nacional o extranjero, haciendo responsables a las organizaciones o personas en otros países que los cometan». Su artículo 25, que establece los mecanismos de lucha contra estas prácticas, incluye también la persecución de «otros actos que proporcionen apoyo a los fraudes», sin especificar su naturaleza y dejando su interpretación al arbitrio de las fuerzas de seguridad.

Múltiples ciudadanos chinos denuncian haber padecido el hostigamiento de un sistema que no reconoce la presunción de inocencia. Es el caso, por ejemplo, de una mujer que Safeguard Defenders identifica con el seudónimo de Li Qingqing. Esta regentaba un restaurante en Camboya cuando las autoridades exigieron su regreso inmediato a China aludiendo a su presunta vinculación con una trama corrupta. Tras desoír el llamado, su madre padeció episodios de acoso en su pueblo natal.

La existencia de una red de comisarías más allá de las fronteras chinas resulta patente desde que, en enero de 2022, el director de la Oficina de la Policía en el Extranjero de la Oficina de Seguridad Pública de Fuzhou, Liu Rongyan, anunciara la apertura de una «primera tanda» de centros, con 30 de ellos repartidos por 25 ciudades de 21 países. El informe de la ONG calcula que, a día de hoy, esta cifra se ha incrementado hasta 54 en 30 países.

España, Portugal, Francia e Italia cuentan con comisarías controladas por las autoridades locales de Fuzhou y Qingtian, ciudades de origen de la mayoría de ciudadanos chinos que emigran a dichos países europeos. En España, Qingtian cuenta con comisarías en Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela. Estas, en teoría, realizan gestiones como la renovación del carné de conducir y otros trámites burocráticos que deberían ser competencia de los consulados.

El documento de Safeguards Defenders relata cómo la Fiscalía de Qingtian logró en enero de 2020 el regreso de un sospechoso de un delito medioambiental, identificado por el apellido Liu, proceso que contó con la colaboración de la Federación de Chinos en el Extranjero. Tal y como puede verse en las fotografías que acompañan el caso, extraídas de fuentes oficiales, Liu fue «persuadido» por la comisaría de Madrid, mediante una videollamada con las autoridades de Qingtian a la que también asistieron «representantes familiares» del acusado.