Chile convierte una cárcel de represores en un penal para presos comunes

El penal de Punta Peuco fue construido durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero su materialización generó, a fines de 1994, una severa crisis en el seno de la Concertación después de que el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar, se negara a iniciar las obras sin contar con el visado legal del Congreso y amenazara con renunciar al cargo.

Noticia Relacionada

Los derechistas Kast y Kaiser empatan frente a la comunista Jara, según los sondeos prohibidos en Chile

John Müller

ABC adelanta en exclusiva la última encuesta antes de la primera vuelta de las presidenciales

Ubicado a 43 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, este penal tiene una capacidad para 130 personas, pero al igual que los demás penales del país ya está sobrepoblado y en la actualidad retiene a 141 exmiembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones que han sido condenados por los tribunales de justicia.

Ahí estuvo preso hasta poco antes de morir en 2015 el exgeneral Manuel Contreras, jefe de los servicios de inteligencia (DINA) durante los primeros años de la dictadura. En la actualidad permanecen en el lugar exoficiales como Miguel Krassnoff Martchenko, quien cumple penas acumuladas por 1.047 años; y Pedro Espinoza Bravo, condenado por el asesinato de Orlando Letelier.

La reconversión de Punta Peuco en un penal común, prometida por Gabriel Boric desde inicios de su Administración, se materializó a comienzos de noviembre cuando el mandatario anunció que la Contraloría había tomado razón del decreto que había firmado. «Es un acto de justicia», declaró en ese momento.

Este jueves Gendarmería trasladó a ese recinto a un hombre de 75 años, condenado por la violación de una menor de 14 años.

Aunque los tratados internacionales establecen que los agentes del Estado condenados deben ser segregados de la población común, la edificación de Punta Peuco fue siempre motivo de conflicto entre la izquierda y la centroderecha y derecha radical chilenas. De hecho, en la actual campaña presidencial los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser se han manifestado contrarios a la medida adoptada por Boric.

El expresidente Sebastián Piñera fue el primero en acoger la solicitud de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando en febrero de 2013 cerró el penal Cordillera, un complejo penitenciario controlado por Gendarmería en el interior de un recinto del Ejército en una comuna precordillerana de la capital. El acto se precipitó después de que Contreras, en una entrevista televisiva, afirmara que los gendarmes estaban a su servicio y «le llevaban en bastón». Esa actitud desafiante implicó que Piñera ordenara el cierre de ese penal y forzara así el traslado del exjefe de la DINA a Punta Peuco.

Aunque Michelle Bachelet prometió a las agrupaciones de víctimas cerrar Punta Peuco, esto no se concretó porque la exgobernante esperó hasta última hora de su segundo mandato e intentó dictar el decreto necesario solo horas antes de entregar el mando a Piñera, la mañana del 11 de marzo de 2018. El acto fracasó debido a que su ministro de Justicia, el radical Jaime Campos, se negó a firmar el documento señalando la ilegalidad de la medida. Años después Bachelet señaló en una entrevista en CNN que «yo (lo) cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso».

Esta mañana el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó el traslado del reo común señalando que a partir de ahora Punta Peuco «ya no es un establecimiento especial».

En tanto, el director de Gendarmería, Rubén Pérez, aclaró que el reo no representa para la administración de ese penal ni un problema de convivencia en relación con las demás personas que están ahí.

Descartó en todo caso la llegada a Punta Peuco de presos de alta peligrosidad. «Considerando las características materiales del recinto, la tecnología de que dispone, el rango etario de la mayor parte de sus internos, vamos a ser muy cuidadosos en que las características de las personas que allí sean ubicadas no representen un alto potencial de eventos críticos violentos y, por consiguiente, se descarta la existencia de internos de alto compromiso delictual», afirmó.