Hace prácticamente un año que el Gobierno de Giorgia Meloni firmó un acuerdo con Albania para enviar inmigrantes llegados a Italia a centros de acogida del país balcánico. El viernes pasado, con las instalaciones ya en funcionamiento, arribaron los doce primeros. Sin embargo, tuvieron que ... darse la vuelta y regresar a Bari, porque un tribunal de Roma declaró ilegal la deportación. Ahora, una de los jueces que tumbaron el envío ha denunciado amenazas de muerte.
La jueza Silvia Albano, uno de los seis que componen la Sección especializada en Derechos de la Persona e Inmigración del Tribunal de Roma que tomó esta decisión, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía tras haber recibido amenazas de muerte, según explica la plataforma Magistratura Democratica y recogen los medios italianos.
«La campaña de descrédito que se ha desatado contra los magistrados romanos y, en particular, contra Silvia Albano ha contribuido a crear un clima de enfrentamiento, de odio, que ha redundado en graves amenazas a su incolumidad y a su vida», ha añadido Magistratura Democratica.
Un tribunal de Roma declaró ilegal el pasado viernes la reclusión en Albania de los migrantes trasladados esa semana desde Italia y ordenó su retorno, bajo el argumento de que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros.
Tras esa decisión de la Justicia, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto ley con una lista de los «países seguros», es decir, aquellos de los que los inmigrantes no tendrían por qué salir. Ese compendio lo integran 19 Estados, tres menos que antes, al eliminar Camerún, Colombia y Nigeria.
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