Los acusados del 'Qatargate' paralizan la instrucción del caso

La Justicia belga acepta determinar primero si la Policía obtuvo las pruebas legalmente

Seis meses del 'Qatargate': crecen las dudas sobre si la UE cumplirá con sus promesas de lucha anticorrupción

La exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y su abogado Spyros Papas EFE

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Justicia belga ha paralizado todo el proceso de instrucción del caso de corrupción en el Parlamento Europeo, el mayor escándalo en la historia de la institución, hasta que no se aclare si la Fiscalía y los servicios secretos belgas actuaron legalmente al espiar ... a los eurodiputados. Los abogados de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili, lograron el pasado martes cambiar el foco del caso al poner a los magistrados ante la duda de si las pruebas de cargo contra los eurodiputados son legales, por lo que el tribunal ha ordenado que se lleve a cabo una investigación interna antes de seguir con el procedimiento, para lo que se han dado de tiempo hasta el mes de mayo.

El más famoso de los abogados de Kaili, el belga Sven Mary, declaró que a partir de ahora «ya no es 'Qatargate' sino 'Bélgicagate'» porque «los servicios secretos belgas se han infiltrado en el Parlamento Europeo y han ido demasiado lejos».

Aunque la Fiscalía cree que la instrucción debería continuar, los magistrados han preferido mantener suspendido el proceso hasta que se pueda determinar si las bases de la acusación son o no sólidas, antes de empezar el proceso.

Los argumentos de Kaili se basan en la idea de que la Policía y los servicios de espionaje belgas actuaron ilegalmente cuando la persiguieron, ignorando su inmunidad parlamentaria. Después de que se hubiera tenido que apartar del caso uno de los jueces de instrucción para evitar las acusaciones de conflicto de intereses, esta maniobra debilita aún más a la acusación. Además, dado que se han aceptado sus argumentos para investigar la actuación policial, los abogados defensores pueden tener acceso a partir de ahora a casi toda la relación de pruebas recopiladas por la Policía, lo que probablemente les permitirá encontrar más detalles para acusar de mala praxis a la investigación de las autoridades belgas.

'Abogado del diablo'

Sven Mary es un abogado bien conocido en Bélgica por defender a mafiosos, criminales y terroristas famosos. No le falta talento, pero le gusta abanderar causas perdidas como la del yihadista Salah Abdeslam, que participó en graves ataques terroristas tanto en Paris como en Bruselas. Ahora, como defensor de Kaili, parece haber encontrado una vía de defensa que al menos aplazará el juicio hasta el inicio de la campaña electoral europea en la primavera que viene y que este año coinciden con las legislativas belgas. Los resultados de esta investigación sobre la actuación de los servicios secretos y la Policía de este país podría acabar teniendo repercusiones políticas importantes también a escala local. Si todo este escándalo se revirtiera en contra de la reputación de la Policía belga, sería un momento de grave descrédito para sus autoridades que, para colmo de coincidencias, estarán entonces ejerciendo la presidencia rotatoria de la UE.

Kaili fue detenida en diciembre pasado acusada de formar parte de una trama de corrupción que implicó de pleno a varios europarlamentarios socialistas, casi todos italianos o de origen italiano, y a los gobiernos de Qatar y Marruecos que habrían pagado sopornos. Los servicios de espionaje belgas habían seguido a los agentes extranjeros como suelen hacer de forma sistemática, cuando descubrieron que varios eurodiputados socialistas eran destinatarios de grandes sumas. Kaili era entonces vicepresidenta de la Eurocámara y se convirtió en la cara más visible de la investigación. Oficialmente, la Policía no respetó su inmunidad parlamentaria porque encontró en poder de su padre sacos con cientos de miles de euros. Finalmente fue puesta en libertad en abril, con un brazalete electróninico que le fue retirado poco después.

Ha sido expulsada del grupo socialista en el Parlamento y en su partido y también se le ha retirado la inmunidad parlamentaria, pero sigue siendo eurodiputada. El martes también tuvo que acudir a declarar ante un comité administrativo del Parlamento, que le reclama ahora que devuelva parte del dinero que habría utilizado incorrectamente, aunque según su abogado no tuvo intención de cometer fraude y la cantidad «es menor a 100.000 euros».

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