Trump deja el futuro de los «dreamers» en manos del Congreso

Pero la eliminación no se haría efectiva antes de seis meses, para dar tiempo al Congreso a aprobar en ese plazo una ley definitiva. En el caso de que el presidente confirme hoy su decisión, dos dudas se cernirían sobre los «dreamers»: si los legisladores, republicanos y demócratas, serán capaces de consensuar una norma, y si los afectados cuya protección venza en este tiempo corren el riesgo de quedar desprotegidos y ser deportados.

Con la eliminación de la orden de su antecesor, Trump contentaría a la gran mayoría de sus fieles, partidarios del endurecimiento de la política de inmigración , que el ahora presidente les prometió repetidas veces.

A la construcción del muro con México, aunque aún pendiente de partidas económicas, y a la orden que prohíbe la entrada a ciudadanos de seis países potencialmente promotores de terrorismo, que se aplica parcialmente tras los recortes judiciales, sumaría ahora el desamparo presidencial a casi 800.000 inmigrantes. Tres cuartas partes de los cuales proceden del país vecino del sur. Con el añadido de seguir desmontando el legado de Obama, un mensaje que satisface plenamente a los acólitos trumpistas.

Aunque no puede decirse que la decisión de Trump sea plenamente negativa para los afectados. Pese a la cobertura legal que ha permitido a los «dreamers» permanecer en Estados Unidos durante cinco años, la llamada DACA que aprobó Obama constituye un parche legal, una orden que sitúa a los 780.000 inmigrantes en el limbo jurídico. El anterior presidente tomó esa decisión ante las reticencias republicanas, que además de no ser partidarios de consensuar una legislación de amparo, han cuestionado todo este tiempo la capacidad del presidente de intervenir en un asunto que consideran ámbito exclusivo del Congreso. De hecho, la mayoría de los expertos cuestionó legalmente el uso de una acción ejecutiva por parte del presidente.

La llegada ahora del asunto al Congreso va a suponer un borrón y cuenta nueva, pero en un momento en que la solución legislativa puede llegar a buen puerto. Ni la mayoría republicana está por la labor de desamparar a los cientos de miles de «dreamers», que acabarían siendo deportados en tal caso, ni la minoría demócrata va a renunciar a un acuerdo que siempre ha defendido.

Pero la solución final al enigma de los afectados no va a resultar tan sencilla. La presión de las autoridades de diez estados, encabezados por Idaho y Texas, abre incógnitas sobre el futuro de muchos «dreamers». Trump anuncia su decisión hoy forzado por la exigencia de los fiscales generales de esos estados.