Boris Johnson sopesa incumplir un fallo desfavorable del Supremo

Como siempre ocurre con el uso equívoco del lenguaje que se da en este país, la «prorrogación» es en realidad el fin de un periodo de sesiones y la consiguiente suspensión de las mismas, y la fijación de la fecha de comienzo de la nueva sesión en la que la Reina dirige un discurso a las Cámaras anunciando el programa del Gobierno. Lo que se pide al Supremo que decida es si las fechas que el Gobierno dio para esta « prorrogación » fueron legales o no. Y para esta ocasión, se nombró el pasado viernes dos jueces más que se suman a los nueve miembros habituales del Supremo. Algo inimaginable en cualquier otra democracia.

La Justicia inglesa ya había determinado que la «prorrogación» fue legal, mientras que la Justicia escocesa dictaminó lo contrario, lo que obligaba a llevar el caso a este Supremo neonato. Ayer compareció lord Pannick en representación de quienes denuncian la iniciativa del Gobierno de Johnson , y lord Keen, abogado general de Escocia en representación del Gobierno de la nación.

Los dos letrados hicieron largas exposiciones, pero hubo una muy notable diferencia entre ellas. La de Pannick apenas fue interrumpida por preguntas de los magistrados, mientras que Keen era constantemente cortado por la petición de aclaraciones de los miembros del Tribunal.

La más relevante fue la pregunta de si el primer ministro obedecería al Tribunal si se sentencia que la «prorrogación» ha sido ilegal. Keen dijo que el primer ministro obedecería a la sentencia. Pero se negó a aclarar si volvería a buscar otra «prorrogación».

Lo que le permitiría, en la práctica, no tener que cumplir con la sentencia del Supremo. Sorprendentemente, Keen en ningún momento recordó que la sesión parlamentaria que ha cerrado Boris Johnson ha sido la más larga del parlamento desde la Segunda Guerra Mundial. Al fin, eso fue fruto de una decisión política, como lo es también cortar las sesiones.

La forma en que se desarrolló el interrogatorio claramente transmitía la sensación de que los magistrados discrepaban de la decisión de la Justicia inglesa , que finalmente mantiene la tradición constitucional de que esa es una decisión del poder político y no puede estar sometida a las decisiones del poder judicial. Pero parte de lo que está generando este proceso del Brexit es una crisis constitucional que se agrava por el hecho de no tener una constitución escrita. Y muchos británicos se han enterado ayer de que existe un Tribunal Supremo, porque hasta hace diez años, esto se resolvía en la Cámara de los Lores.