Putin desoye a los defensores de DD.HH. y promulga la ley de «agentes extranjeros» aplicada ahora a los particulares

Estas enmiendas a la ley de «agentes extranjeros» fueron adoptadas por la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) y después por el Consejo de la Federación (Cámara Alta) a finales del mes pasado. Los cambios en la legislación permitirán ahora declarar como «agentes extranjeros» a personas que distribuyen materiales de medios ya afectados por la norma o los crean para tales publicaciones.

Además, la recepción de fondos y propiedades del extranjero o de entidades jurídicas rusas con financiación extranjera ahora puede convertirse en motivo para que un particular caiga de lleno en el ámbito de esta nueva ley. Por eso, deberá inscribirse obligatoriamente en el registro de «agentes extranjeros» del Ministerio de Justicia ruso, lo que supone tener que declarar periódicamente las sumas que se reciben desde fuera y cómo se gastan, con sus lógicas implicaciones fiscales.

También a informar detalladamente de la actividad que desarrolla. De no hacerlo, podrán ser sancionados con multas de hasta 100.000 rublos (unos 1.400 euros). La multa para el caso de medios informativos puede alcanzar los 5 millones de rublos (unos 71.000 euros). Además, los contenidos en internet críticos hacia las autoridades serán bloqueados.

Se da la circunstancia de que Putin recibió a finales de noviembre un escrito firmado por 60 personas, entre ellos activistas en la defensa de los derechos humanos y destacados artistas, músicos, cineastas, escritores, actores y otros profesionales, instándole a no promulgar la extensión de la ley de «agentes extranjeros» a los particulares. Ya rige de antes para personas jurídicas.

«El primer artículo del Código Civil expresa que la injerencia en la vida privada es inadmisible (...) el presidente no debe firmar esta ley», se señala en la misiva, en donde también se tacha de inconstitucional la medida. Apelan también a evitar aplicar la etiqueta de «agente extranjero», asociada históricamente a enemigo o traidor a la Patria, porque «desacredita a la persona ante sus conciudadanos, rebaja su dignidad pese a que no ha hecho nada malo o ilegal». Y sostienen que la nueva enmienda legal «implementa medidas de coerción contra el derecho de los ciudadanos a recibir y difundir libremente informaciones de cualquier fuente».