¿Puede haber alguien que no quiera la paz en Colombia?

¿Qué puede preocupar a colombianos como esos cientos de jóvenes que se manifiestan en contra de algo tan aparentemente perfecto como es lograr la paz después de 52 años de conflicto con un grupo terrorista y narcotraficante ? Ellos creen que se está entregando el país a una organización narcotraficante y que no va a haber paz porque hay multitud de grupos armados que siguen en la lucha terrorista.

Jaime Castro , profesor de Derecho Público y ministro del Interior en el Gobierno de Belisario Betancur, explica que «Santos decidió que su puesto en la historia era ser el artífice de La Paz» . Lo que en sí mismo podría ser muy bueno. Pero para ello se firmó en La Habana un acuerdo de 279 páginas que contiene, según el minucioso estudio publicado por el senador Iván Duque , 161 compromisos en total. Es decir, que las partes asumen su responsabilidad de ejecutar algo que reclama la contraparte. De esos 161 compromisos, 114 deberá ejecutarlos el Gobierno respondiendo a las demandas de sus interlocutores, tres los deben ejecutar las FARC Y 43 conjuntamente el Gobierno y las FARC (uno es conjunto entre el Gobierno y grupos étnicos). No da la sensación de que sea mucho lo que se ha exigido al grupo narcoterrorista.

La ex ministra de Defensa y ex candidata a la Presidencia por el Partido Conservador en 2014, Marta Lucía Ramírez , afirma que las FARC «lograron lo impensable para ellas: que su programa político se incorpore al bloque constitucional». Porque si se aprueba en el plebiscito este acuerdo, las 279 páginas pasarán a formar parte de la Constitución sin que puedan ser enmendadas nunca jamás. La única forma de deshacerse de ellas sería promulgando una nueva Constitución. Y esto, en palabras del profesor Jaime Castro, se parece mucho «a la Constitución de Arabia Saudí , que dice que el Corán hace parte de la Constitución. Y no se puede enmendar, claro. Aquí quieren meter el acuerdo de La Habana con el mismo rango que el Corán».

En La Habana se ha establecido una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el asesoramiento del abogado comunista español Enrique Santiago . Este militante de IU con despacho en el barrio de Salamanca de Madrid, describe su triunfo sin recato: «Es la primera vez que en un proceso negociado de finalización de un conflicto armado interno se acuerda un tribunal con competencia para examinar la responsabilidad de todos ... No solo de todos los combatientes (entre los que se incluyen, obviamente, los militares y policías), pues el sistema establece competencia para exigir responsabilidad a civiles políticos (que tuvieron asiento en el Consejo de Ministros) y a financiadores e instigadores del paramilitarismo (empresarios y hacendados) (...)». A nadie puede sorprender que las FARC consideren este acuerdo único y ejemplar.

En realidad esta JEP crea un nuevo derecho porque podrá juzgar cualquier hecho que se considere conexo con el conflicto sin importar que ya haya sido juzgado anteriormente por la justicia ordinaria Y haya habido condena. La inseguridad jurídica es total .

Las FARC, que empezaron su guerra hace medio siglo como brazo armado del Partido Comunista, son hoy en realidad un importantísimo cartel de la droga. Razón por la que el acuerdo de La Habana convierte el narcotráfico en delito conexo a la lucha armada. Ni siquiera quienes hayan vendido a las FARC sus cultivos de droga para que ellas los pusieran en el mercado internacional podrán ser juzgados por narcotráfico. Para eso se gastó Estados Unidos más de 7.000 millones de dólares en el Plan Colombia . Para que el narcotráfico acabara siendo considerado un elemento revolucionario. Con el agravante, en la interpretación de Castro, de que « el proceso de paz es una gigantesca operación de lavado de activos , que tampoco exige repatriación o declaración de capitales ni las sanciones correspondientes».

Finalmente, los jefes de la guerrilla, que están incursos en delitos de lesa humanidad , como por ejemplo emplear a menores como guerrilleros porque no son penalmente responsables, no tendrán que pagar un día de cárcel si confiesan sus culpas. Todo lo más, serán enviados a unas granjas a realizar labores sociales hasta un máximo de ocho años. Algo que todavía está por ver que sea aceptado por la Corte Penal Internacional y que Human Rights Watch ha denunciado con dureza. Algo que hace decir a Marta Lucía Ramírez que «para la paz hay que priorizar el estado de derecho , lo que aquí no ocurre. Por eso, decir “sí” sería una irresponsabilidad».